El «boom» inmobiliario y el estallido de la burbuja del ladrillo siguen afectando, casi una década después, en las arcas públicas de los municipios de la Vega Baja -y en los bolsillos de sus vecinos-. El Ayuntamiento de Dolores se ha visto obligado a pactar un crédito de 1,8 millones de euros adhiriéndose al fondo de impulso económico del Estado, a través del ICO, para hacer frente a una sentencia judicial derivada de una demanda de una empresa inmobiliaria: 1,8 millones es el equivalente al 40% del presupuesto de gasto anual de este municipio de 7.000 vecinos.

San José Inversiones iba a construir un campo de golf de 18 hoyos y 2.600 casas en plena huerta. La empresa presentó concurso de acreedores en 2008 cuando ya había hecho lo más «difícil» en la tramitación previa: lograr la reclasificación de un millón y medio de metros rústicos en plena huerta y hacerse con la condición de urbanizador. Había depositado en el Consistorio -para garantizarse el desarrollo del plan- esos 1,8 millones de euros. Los administradores concursales de San José reclamaron ese dinero al municipio porque desde el punto de vista jurídico no era un aval -que se pierde si la empresa no cumple-.

Era un depósito sobre «plusvalías futuras». El argumento de la empresa era que, si finalmente no podía ejecutar la urbanización, esas plusvalías no se obtendrían y, por lo tanto, tenía derecho a recuperar el depósito. Tal y como ocurrió. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) le dio la razón en marzo de 2018 a la hora de reconocerle el derecho al reintegro.

Al Ayuntamiento ni tan siquiera le aceptaron la tramitación de un recurso de casación ante el Supremo. En junio el municipio recibió notificaciones que le instaban a ejecutar la sentencia. No le dejaban más margen de demora. El acreedor ha aceptado percibir la totalidad del importe ahora a cambio de renunciar a los intereses de demora -el Estado suele conceder los créditos si los ayuntamientos logran descargarse de los intereses de demora-. Según el alcalde Joaquín Hernández (PSOE), «nadie es capaz de saber en qué se gastó ese dinero el gobierno del PP (que gobernó hasta 2014) que lo dispuso en una caja fija».

En junio pasado, los juzgados confirmaron la sentencia que obligaba al municipio a reintegrar esa cantidad. Dinero que supone el 40% de los ingresos totales del municipio en su presupuesto anual. La única forma de «salvar» la situación fue recurrir a esos fondos estatales, que ha autorizado el préstamo con una devolución a diez años.

El pleno del Ayuntamiento de Dolores del mes de octubre aprobó esa solicitud con los votos a favor de los ediles del gobierno socialista y la abstención del PP (que alentó la promoción de este macroplan cuya aprobación se recibió con cohetería en el municipio) y Cs. No obstante, hasta el mes de marzo de 2020 el pago no se hará efectivo, según las previsiones, algo que los administradores concursales aceptan porque no existe otra alternativa de pago. San José Inversiones no pudo asumir el pago a los acreedores ni con una quita y fue liquidada.

Arruinó a cientos de pequeños inversores de la pedanía de Molins, de donde era su fundador. El efecto dominó de la crisis también arrastró a la segunda empresa que optaba a llevar a cabo el plan urbanístico (San Antonio), también con origen en Molins y que presentó concurso de acreedores.