Sanciones de estacionamiento manipuladas para incrementar los beneficios de la empresa concesionaria. La Guardia Civil de Calp está investigando a nueve personas, todas empleadas de la empresa Pavapark, concesionaria de la zona azul del municipio, por ser los presuntos autores de una serie de delitos continuados de falsedad documental y estafa.

A principios de marzo, la Benemérita tuvo conocimiento de las posibles irregularidades en la hora del control del estacionamiento y en la validación de las denuncias. Los agentes comprobaron que muchas de las multas solo las había supervisado y comprobado un controlador, pese a que es requisito imprescindible que las validen dos. Los investigadores han constatado «de forma fehaciente» que los controladores se avisaban por teléfono y así uno de ellos se ahorraba el desplazamiento. El único controlador presente en la infracción emitía el boletín de denuncia y lo firmaba con dos rúbricas, falsificando la del compañero. Así la sanción no era recurrible ni anulable.

Los agentes también han acreditado que los trabajadores muchas veces no dejaban el boletín en el parabrisas del vehículo. La sanción le llegaba a los conductores a través de SUMA. Su pago era ya obligatorio. Los empleados pretendían así «aleccionar a los usuarios para que se acostumbraran a poner el tique».

La Guardia Civil infiere que el móvil de esta mala praxis era aumentar las denuncias y el beneficio económico de la concesionaria, que, además, se ahorraba contratar a más personal. Los propios empleados declararon que sus jefes les amenazaban con despedirlos si no actuaban de esta forma fraudulenta. Los agentes también advierten del «grave perjuicio económico» que esta supuesta estafa ha provocado a los ciudadanos. La estafa se ha llevado a cabo durante más de un año y el dinero estafado sube a varios miles de euros.

Los investigados, cinco mujeres y cuatro hombres, son todos españoles de edades comprendidas entre los 33 y 61 años. Todos han quedado en libertad tras declarar en dependencias judiciales. Están a la espera del juico.

No se descarta que estos hechos también se hayan producido en otros pueblos donde la zona azul la gestiona la misma empresa.