«Vicisitudes procesales», tácticas «dilatorias» de los acusados» y «un retraso considerable». Y tanto. El caso Aguas de Calp lleva ya 14 años en los tribunales y no hay fecha para el juicio. El empresario jubilado Nicolás Agudo, de 65 años, al que la trama corrupta la birló 300.000 euros (su empresa, Exca-Gata, hizo las obras del agua y no cobró ni un euro), apeló al Consejo General del Poder Judicial y al Ministerio Fiscal. No entendía que se tardara tanto en sentar en el banquillo de los acusados a los imputados, entre ellos el exconcejal y exdiputado del PP Juan Roselló y su cuñado Francisco Artacho (ambos están también implicados en el fraude de la basura de Calp, una pieza separada del caso Brugal).

Agudo ha recibido ahora la respuesta del fiscal jefe provincial, Jorge Rabasa, quien le remite el contundente informe del fiscal coordinador del área de Benidorm-Dénia, Vicente López.

El Ministerio Público ha impugnado los últimos recursos de reforma presentados por los acusados al auto de apertura de juicio. El fiscal tilda esos recursos de «dilatorios» y advierte del «retraso considerable» de esta causa. También alude a las «múltiples vicisitudes judiciales», que han motivado quejas incluso ante el Consejo General del Poder Judicial.

El empresario arruinado por la trama corrupta lucha por recuperar lo que es suyo. Le dejaron a deber 245.233 euros. Además, tuvo que pagar 60.000 euros de IVA, así como sueldos, seguridad social y seguros. Ese agujero le obligó a cerrar la empresa. Además, sufrió una subida de azúcar y ha perdido prácticamente toda la visión.

«Esos indeseables me han destrozado la vida. No voy a parar hasta que se sienten en el banquillo de los acusados y pueda recuperar mi dinero. Llevo ya 14 años esperando a que se haga justicia», declaró ayer a este diario.

Pero en este caso también se esfumó el dinero público. Los otros estafados fueron los vecinos de Calp. Pagaron vía tarifas más de un millón de euros.

Las obras del agua, valoradas en principio en 5,2 millones (la Universidad obligó a rebajar ese desmesurado primer presupuesto), las adjudicó sin concurso el pleno de Calp a la empresa mixta Aguas de Calpe. Entonces era alcalde Javier Morató, del PP, y Roselló ejercía de edil todopoderoso (también era diputado provincial). Aguas de Calp subcontrató el proyecto a Obras Hidráulicas de Levante (OHL), empresa de pomposo nombre dirigida por Artacho y que en realidad se dedicaba al buzoneo (sí, a dejar publicidad en los buzones). OHL subcontrató a Montuvo Obra Civil, que tampoco movió una piedra. La cadena de subcontratas llegó a Exca-Gata, que hizo las obras y no las cobró.