El equipo de gobierno de Teulada-Moraira, del PP, está convencido de que ahora se puede dar «un nuevo escenario» para legalizar el supermercado de la carretera de Moraira a Calp construido sobre un barranco y sobre el que pesan sentencias firmes de cierre y demolición. El expediente del nuevo Plan de Reforma Interior (PRI) y de Estudio de Detalle presentado por la mercantil propietaria de esta superficie comercial y que el gobierno local llevará a un próximo pleno para su aprobación (en el último, le fallaron dos ediles y el punto se quedó sobre la mesa) incide en que todavía hay margen para salvar la clausura y la piqueta. Y también subraya que el ayuntamiento puede salir mal parado si el negocio no se legaliza. Recuerda que José Ciscar, cuando era alcalde en 2004, firmó un convenio con la mercantil por el que el consistorio se comprometía a cambiar el uso de este suelo de residencial a terciario. Pero en el PGOU de 2005 la parcela siguió como residencial. Ahora en el expediente se deja claro que el ayuntamiento se enfrentaría a una «posible reclamación de daños y perjuicios o a responsabilidad patrimonial» si, tras quince años, sigue sin cumplir su parte del convenio.

Sin embargo, la empresa que ha ganado los pleitos del cierre y la demolición (hay fallo firme del Supremo), que tiene un supermercado en la misma carretera, también podría pedir daños y perjuicios al ayuntamiento. De hecho, en 2014, cuando trascendió el fiasco urbanístico del gobierno local del PP (dio las licencias luego anuladas por los tribunales), esta otra mercantil ya valoró exigirle al consistorio una indemnización de 800.000 euros.

Sea como fuere, el actual gobierno local todavía confía en darle encaje legal a un supermercado que está fuera de ordenación. Un juez ya anuló un anterior Plan de Reforma Interior. Pero el expediente antes citado y que incluye informes de abogados y arquitectos externos precisa que el nuevo PRI salva los errores del anterior. Incide en que ahora se deja fuera el suelo no urbanizable de especial protección por ramblas (el barranco). El cauce parte en dos la parcela, lo que en teoría impide que el supermercado tenga fachada a la carretera (condición indispensable que marca el PGOU). Pero el nuevo PRI intenta esquivar este problema dibujando una «parcela discontinua» y recalcando que sí hay acceso directo desde el vial al negocio.

En cualquier caso, con este nuevo expediente el gobierno local sortea el «plazo improrrogable» de 15 días que le ha dado el juez para cerrar el supermercado.