El portavoz de Compromís, Vicent Colomer, lo dijo en plata: «Fue una gran cagada». Y la concejala de Urbanismo, Isabel Bolufer, del PSPV, recurrió al latín: «Errare humanum est». El caso es que el Ayuntamiento de Xàbia metió la pata hasta el fondo cuando el pasado 18 de julio concedió licencia para construir un restaurante en el último hueco que queda sin construir de la playa de piedra tosca del Segon Muntanyar. Los vecinos saltaron como un resorte. Denunciaron que un bullicioso local de hostelería rompía la paz de un litoral residencial (de chalés y apartamentos).
El consistorio trata ahora de corregir el patinazo urbanístico. El pleno aprobó ayer la declaración de lesividad del acto administrativo de la concesión de la licencia. Esto significa que se suspende el permiso porque daña el interés general. «Es un procedimiento al que se acude cuando alguien se equivoca», admitió sin empacho la edil de Urbanismo, que fue la que firmó la licencia. Bolufer, eso sí, precisó que los informes jurídicos y técnicos eran favorables a que se diera luz verde a ese proyecto. De hecho, el PGOU de 1990 sí que permite levantar el restaurante frente al mar. El suelo es urbano y el vial al que da, la avenida de Ultramar, figuraba como sistema general. Por tanto, un negocio de hostelería tenía aquí encaje.
Pero la situación urbanística de Xàbia ha cambiado. El nuevo plan estructural, que está a un paso de aprobarse inicialmente (el ayuntamiento está ahora contestando las alegaciones de la segunda y definitiva exposición al público), ya no permite que se abra un restaurante en este tramo de primera línea. Lo que ha variado es la calificación del vial. Ya no es sistema general. El nuevo planeamiento hace «incompatible» el proyecto.
Movilización de los vecinos
Los ediles no adscritos, el PP y Ciudadanos por Jávea coincidieron en que el error puede ahora costarle muy caro al consistorio. El no adscrito Óscar Antón (es militante del PP y expresó la postura de este partido) auguró que las indemnizaciones pueden ser «millonarias». Denunció que el gobierno local (el PSPV gobierna con mayoría absoluta) solo reaccionó cuando los vecinos se movilizaron. Se mostró sorprendido por la rapidez con la que se dio la licencia. Dijo que los informes son del 16 y el 17 de julio y solo un día después la concejala responsable dio luz verde al permiso.
Antón precisó también que la declaración de lesividad debe decidirla el juzgado. «¿Quién va a asumir las responsabilidades? ¿Quién pagará la indemnización? Serán los de siempre: el pueblo de Xàbia», sostuvo.
La edil de Urbanismo convino que el caso se va a resolver en los tribunales. Pero manifestó que la indemnización no irá más allá de pagarle al empresario los proyectos.
Mientras, el alcalde, el socialista José Chulvi, subrayó que la declaración de lesividad cuenta con «todos los informes favorables». Se mostró confiado en que el ayuntamiento salga todo lo bien parado posible de este atolladero.
El empresario ya ha amagado incluso con actuar contra el munícipe, al que acusa de «desviación de poder».
