Los empresarios de Dénia deberían estar dando palmas por el hecho de que el Consell apruebe hoy las normas urbanísticas transitorias y cierre de forma temporal (este marco es para salir del paso hasta que se apruebe el nuevo plan estructural) la incertidumbre en la construcción. Pero ha ocurrido todo lo contrario. La Plataforma Cívica de Dénia, que integra a los empresarios (promotores, hosteleros y comerciantes) y a la federación de vecinos, se echó ayer las manos a la cabeza. Su portavoz, Jesús Reina, denunció que la conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio está introduciendo «cambios de última hora» en las normas transitorias. Advirtió de que esas modificaciones, que sugirió que las ha colado el gobierno local (PSPV y Compromís), obligarían ahora a sacar de nuevo a exposición por 20 días el documento urbanístico.

Pronosticó que, si no es así, los tribunales acabarán anulándolo y correrá la misma (mala) suerte que todos los planeamientos definitivos o provisionales que ha tenido Dénia en las últimas décadas. Sólo el PGOU de 1972 ha esquivado que los tribunales lo tumbaran.

Reina dijo que el ayuntamiento intentó que esas normas urbanísticas recogieran desclasificaciones en 12 zonas de Dénia. Y aseguró que en estos últimos días la conselleria se ha avenido a introducir una de ellas, de unas 4 hectáreas, en la zona de El Fortí.

Se podría entender la motivación, dado que esta partida es de cabo a rabo un yacimiento arqueológico. Aquí se levantó en los siglos XI y XII el gran arrabal de Daniya. Sin embargo, la Plataforma Cívica discrepa. No quiere que se proteja terreno con las normas provisionales. Reina auguró que ese cambio que se ha hecho para proteger un trozo de El Fortí puede abocar al ayuntamiento y a la conselleria a pagar indemnizaciones millonarias. El enfado de los empresarios y de la federación de vecinos es de tal magnitud que le dieron el miércoles plantón a la concejala de Territorio, Maria Josep Ripoll, en el Consell d'Urbanisme. Además, su portavoz pidió ayer que la conselleria y el ayuntamiento creen una comisión de investigación para aclarar por qué se han modificado las normas urbanísticas a última hora.