No era un expediente administrativo sin más. El Ministerio de Justicia (en concreto, su dirección general de los Registros y del Notariado) ha rechazado la pretensión de los herederos de Mariano Navarro Rubio, quien fue ministro de Hacienda entre 1957 y 1965, durante la dictadura de Franco, de inscribirse 1.005 metros cuadrados de la playa de piedra tosca de la Punta de l'Arenal de Xàbia.

Rafael Navarro Rubio Serres, uno de los hijos del ministro franquista, inició hace unos meses los trámites para corregir un «error» en la superficie de la finca de la que es cotitular junto a sus hermanos y en la que su padre construyó en 1960 un suntuoso chalé. Ese finca está íntegramente en el dominio público marítimo terrestre. Además, la casa se levantó sobre un yacimiento arqueológico de época romana. El reclamante pretendía que el Registro de la Propiedad «rectificara» la ficha en la que figura una superficie de 6.680 metros cuadrados. Aseguraba (y aportó un certificado del Catastro) que la «extensión real» era de 7.685 m2. La familia quería pellizcar un trozo más de litoral público.

Pero chocó con piedra. El primero en denegar la inscripción fue el registrador de Xàbia. No le cuadró lo del «error». Consideró que estaba ante «una posible invasión del dominio público». Palabras mayores.

Pero el hijo del ministro de Franco recurrió. Y el Ministerio de Justicia emitió la resolución que cierra la vía administrativa el pasado 4 de octubre. Le da la razón al registrador de Xàbia y también insiste en que el asunto tenía su enjundia y no se podía tratar como un simple error material de inscripción. Pidió informes a la dirección general de Costas (Ministerio de Medio Ambiente). Fueron categóricos. Este organismo expresó «una oposición clara y frontal» a que el litoral público acabara en manos privadas. Mientras, Justicia invocó sentencias del Tribunal Supremo que refuerzan el carácter «inalienable e imprescriptible» del dominio público.

Ahora los herederos de Mariano Navarro Rubio pueden acudir al juzgado de lo civil. Su pretensión de inscribirse en el Registro de la Propiedad esos mil metros de playa de más ha desempolvado los viejos privilegios franquistas que perduran en el litoral de Xàbia.

Su padre compró al ayuntamiento en 1959, cuando era el todopoderoso ministro de Hacienda, un trozo de litoral público (y un yacimiento romano). Pagó 10.000 pesetas.

El exministro, quien también fue gobernador del Banco de España, todavía tenía influencias en 1981, ya en democracia. El entonces ministro de Obras Públicas legalizó las obras del chalé y concedió a la firma Puntar, S. A, de Mariano Navarro Rubio y su esposa, la «utilización gratuita y permanente» de la finca. La Ley de Costas transformó esa apropiación del litoral público en una concesión. Ya estaría a punto de caducar. Pero el Gobierno de Mariano Rajoy, al modificar el reglamento de la Ley de Costas en 2016, todavía le dio a la familia una propina de usufructo del chalé de 30 años prorrogable a otros 30.