07 de septiembre de 2018
07.09.2018

Parón en la investigación judicial de los perros envenenados en Benissa

El Seprona confirma en una respuesta del Gobierno que falta el informe de los tóxicos utilizados

07.09.2018 | 01:22
Dos agentes de la Guardia Civil de Benissa custodian el cadáver de uno de los canes envenenados.

Hace cinco meses, los propietarios de perros que salían a pasear por los alrededores de Benissa y Calp, debían hacerlo con sumo cuidado. Al menos 12 canes habían fallecido por haber sido, presuntamente, envenenados mientras paseaban por esas zonas. Otros seis resultaron heridos.

La Guardia Civil abrió una investigación a partir de varias denuncias presentadas por particulares cuyos perros habían fallecido y los seis que habían podido sobrevivir tras ingerir algún tipo de producto tóxico.

Ante la alarma generada, el senador de Compromís Carles Mulet, que es miembro de la Asociación Parlamentaria en Defensa de los Derechos de los Animales, recogió el guante de las protectoras de la zona y elevó al Gobierno central una pregunta al respecto.

En concreto, quería conocer «las medidas que pensaba adoptar para mejorar el control en el acceso a determinados productos tóxicos y venenosos, a fin de evitar casos como las intoxicaciones por envenenamiento de perros, ocurridas en las zonas rurales de Calp, Teulada y Benissa».

La respuesta al senador llegó hace unos días y en ella el Ejecutivo señala que el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil «está practicando las diligencias correspondientes, las cuales se encuentran a la espera de recibir resultados toxicológicos para ponerlos a disposición del Juzgado de Dénia, donde se ha dado traslado de la denuncia interpuesta en la localidad de Benissa».

Un retraso que es «inconcebible» ya que «a pesar del escándalo e intranquilidad generados por este caso en el municipio, aún no estén los resultados de los análisis toxicológicos, tres meses después».

Mulet recordó que las investigaciones del Seprona «llevaron a los agentes hasta cuatro casetas de aperos» en las que se «encontraron insecticidas no autorizados y caducados, de alta toxicidad», sin que haya trascendido públicamente el resultado de esas averiguaciones o acciones contra los propietarios de esas casetas localizadas en Benissa y Teulada.

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