Los alcaldes de Altea, Benissa, Calp, L'Alfàs del Pí, Relleu, El Verger y Polop hicieron piña ayer para tratar de salvar los servicios que presta Emaús, así como los puestos de trabajo de sus 300 empleados y el destino de sus usuarios menores, mujeres maltratadas, discapacitados y ancianos, cuando falta muy poco para desmantelar la entidad y poner en marcha el ERE previsto para hoy, miércoles. Al mediodía de ayer se volvieron a concentrar frente al Ayuntamiento de Altea, en señal de protesta por la situación que vive Emaús, más de doscientas personas entre trabajadores de esta asociación y familiares de los usuarios que atiende la misma. Pero esta vez contaron con el apoyo de los alcaldes de los municipios donde Emaús tiene presencia para darles, al menos, un poco de esperanza.
En la calle, los primeros ediles escuchaban a las personas desesperadas, tanto trabajadores como familiares de los usuarios, que les explicaban la situación de desamparo en que se encuentran. Unos, que ven peligrar su puesto de trabajo, y otros que no saben que pasará finalmente con sus seres queridos. Pancartas con lemas como «Los menores no son mercancía», «Somos personas, no mercancía» o «No al desalojo de nuestros mayores. Boqueres es su casa» predominaban sobre las banderas de CC OO.
Documento para Fátima Báñez
Poco después, los alcaldes de los pueblos afectados, a excepción del de Calp que estaba presidiendo el pleno de la Diputación Provincial de Alicante, se reunieron en el interior del Ayuntamiento de Altea para firmar el documento consensuado por los siete que se le entregará en mano a la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, el próximo jueves «aprovechando que se celebra en el Congreso de los Diputados el debate de los Presupuestos Generales del Estado», según señaló Jaume Cortés.
Acompañado por los alcaldes Abel Cardona (Benissa), Vicente Arques (L'Alfàs), Santiago Cantó (Relleu), Joaquín Coll (El Verger) y Gabriel Fernández (Polop), Llinares afirmó que «se celebra este acto para dar unidad y coherencia a las medidas que estamos pidiendo para que sea viable el servicio de Emaús en nuestras comarcas de la mano de otra empresa». Entre las solicitudes que figuran en el documento dirigido a Fátima Báñez se apela «a su protección y defensa de los derechos de los más vulnerables, de todos los usuarios y de los trabajadores de Emaús» y se le pide que la Seguridad Social «no obligue a asumir a las empresas interesadas en dar continuidad a los servicios sociales, la deuda de 6 millones de euros contraída por Emaús con dicha Administración. Esta condición haría viable que otras empresas pudieran hacerse cargo de la gestión de los centros y la continuidad de los servicios que prestan».
Por otro lado, Jaume Llinares informó de que en ese mismo momento «se está negociando en la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas con el juez el administrador concursal de Emaús para que se aplace dos meses el inicio del ERE, hasta que los menores acaben el presente curso escolar».
