El Ministerio de Hacienda y Función Pública tendrá que rascarse el bolsillo por un error en el cálculo de la liquidación del denominado céntimo sanitario. El departamento que dirige Cristóbal Montoro acaba de hacer público un listado de las entidades locales a las que tendrá que reintegrar fondos. Un total de 37 ayuntamientos de la provincia de Alicante se verán beneficiados por la nueva liquidación, que arroja un saldo favorable a las arcas municipales cercano a los 4,7 millones de euros. Otros 43 municipios del resto de la Comunidad han sido favorecidos con esta resolución.

Entre los municipios alicantinos beneficiados por este error de cálculo del Gobierno los hay de tres tipologías claras: por una parte, municipios turísticos o de carácter residencial de la costa y el prelitoral recibirán cantidades importantes, mientras que también hay un destacado número de pequeños pueblos que ingresarán un montante poco significativo pero que muy probablemente supondrá un alivio para unas arcas habitualmente exiguas. Por último, están los cuatro ayuntamientos mayores de 75.000 habitantes, que tienen un régimen diferente por la cesión de tributos, y a los que también les corresponden compensaciones bastante altas.

Calp es en concreto el municipio alicantino que más dinero recibirá con esta nueva liquidación del Ministerio de Hacienda, con 719.207,32 euros. Le sigue Xàbia, con 634.909,67, y a continuación está Rojales, con 521.746,68 euros. En el extremo opuesto, ocho pequeños consistorios -el mayor de ellos es Benidoleig, con apenas 1.100 vecinos- recibirán menos de 2.000 euros. La cantidad más baja son los 1.039,91 euros que ingresará el Ayuntamiento de Almudaina. Estas correcciones se producen después de que el Ministerio haya estimado los requerimientos que le realizaron los ayuntamientos al detectar el error.

El Ministerio de Hacienda realizó la primera devolución el pasado verano y hace unos días ha publicado otra relación de municipios con la liquidación definitiva de la participación en los tributos del Estado correspondiente al ejercicio de 2014. De esa forma se subsana el error detectado por la minoración correspondiente a la devolución de ingresos del Impuesto sobre Ventas Minoristas de determinados hidrocarburos, el conocido como céntimo sanitario. Los pagos, tal y como añade el propio Ministerio en la resolución oficial, se reconocerán cuando proceda y se cargarán a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, que acaban de ser prorrogados tras llegar a final de 2016 sin que se hayan aprobado las nuevas cuentas.

Esta revisión de la liquidación y el consiguiente ingreso de determinadas sumas de dinero a los ayuntamientos es un trámite añadido a la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que en 2012 anuló el céntimo sanitario. Los jueces consideraron que el Gobierno español no obró de buena fe, al mantener el impuesto del céntimo sanitario durante años pese a que contravenía una directiva europea.Reclamación de los municipios

El presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) y alcalde de Elda, el socialista Rubén Alfaro, ha recordado que han sido las reclamaciones de los ayuntamientos las que han llevado al Ministerio Hacienda a rectificar y a autorizar el pago por el mal cálculo realizado. Aunque admite que cualquiera puede equivocarse, Alfaro considera que con las políticas actuales del Ministerio de Hacienda siempre salen perdiendo los ayuntamientos. «El conjunto de la Administración Local ha obtenido por dos años consecutivos un superávit de unos 5.000 millones de euros», pero pese a ser «la administración más saneada», los ayuntamientos, lamenta, «no han podido invertir ese dinero en la mejora de los servicios que prestan».

Según Alfaro, la mano dura del Gobierno con los ayuntamientos provoca que incluso aquellos que tienen las cuentas más saneadas tengan vetada la posibilidad de gastar el superávit, lo que impide realizar inversiones que «serían muy positivas». También tienen cerrada cualquier posibilidad de realizar contrataciones de personal, pese a que ello permitiría a los ayuntamientos participar en la mejora de la economía local.