La Generalitat se ha mantenido firme en su propósito inicial y, frente a los reparos puestos por el dictamen del Consell Jurídic Consultiu, aprobó ayer un proyecto de ley integral sobre la identidad de género que por primera vez despatologiza la transexualidad. Es decir: envía a las Corts un texto que elimina la necesidad de tener un informe psicológico y médico que certifique la «disforia de género» del solicitante para que una persona pueda cambiar de identidad de nombre y sexo en el Registro Civil.
De este modo, la transexualidad pasará de ser considerada como un trastorno que requiere de médicos y psicólogos a ser vista por la Administración como «una expresión de la diversidad humana», en palabras de la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra.
En su dictamen, el Jurídic Consultiu había reclamado al Gobierno valenciano que obligase a «acreditar la disforia de género por medio de un informe médico o de psicólogo clínico con la finalidad de evitar la inseguridad jurídica» del interesado. El Consell no lo ha estimado pertinente. Es «inaceptable» y sería «contradictorio» con la esencia de la norma, puntualizó ayer la portavoz y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas.
El proyecto aprobado ayer por el pleno del Consell también contempla la posibilidad de conceder a los menores de edad la documentación administrativa necesaria adecuada a su identidad dentro de las competencias autonómicas. El objetivo es favorecer una mejor integración y evitar situaciones de sufrimiento por exposición pública o discriminación.
En el ámbito sanitario, el proyecto de ley garantiza a los menores «trans» el acceso a tratamientos de bloqueo hormonal al inicio de la pubertad y al tratamiento hormonal cruzado en el momento adecuado de la pubertad. Con ello se busca favorecer que su desarrollo corporal se corresponda con el de las personas de su edad. Asimismo, dispondrán de un plan de seguimiento, acompañamiento y asesoramiento psicológico.
Mónica Oltra puntualizó que los menores necesitarán la tutela y el consentimiento de los padres. No obstante, manifestó que en caso de «discrepancias» entre ambas partes se deberá poner en conocimiento de la Fiscalía de Menores o de la autoridad judicial competente «por si se está produciendo un acto de violencia en el ámbito familiar».
