La Audiencia de Alicante ha condenado a siete años de inhabilitación al exalcalde de Pego Carlos Pascual por pagar obras sin contrato en el Marjal. El tribunal le considera culpable de un delito de prevaricación, por el que además deberá indemnizar con 496.615 euros al Ayuntamiento. En estos momentos, Pascual está retirado de la vida política y está declarado insolvente, hecho que hace improbable que la Corporación pueda recuperar el dinero.
La sala le ha absuelto del delito de malversación de caudales públicos que le imputaba la acusación particular ejercida por el Ayuntamiento, que pedía cuatro años de cárcel. El tribunal señala que el dinero no fue destinado a «usos ajenos a la función pública», por lo que le absuelve de ese delito. Los hechos se remontan a los años 2002 y 2003, cuando la empresa Ruzafa SL presentó al Consistorio facturas por importe de 399.821,55 euros en concepto de unos trabajos de limpieza en las tierras de los arrozales de Pego-Oliva, de las que el Ayuntamiento no era propietario y que eran competencia de la Comunidad de Regantes.
El fallo declara probado que los trabajos se autorizaron por parte del entonces alcalde sin un expediente de contratación, ni consignación presupuestaria, ni contrato que adjudicara las obras a la citada mercantil. El tribunal concluye que Carlos Pascual no podía albergar dudas sobre la «arbitrariedad» de los trabajos, omitiendo todos los trámites de contratación del procedimiento administrativo para actuar en unos terrenos donde el Ayuntamiento no tenía competencias.
El Consistorio ya fue condenado por el TSJ a pagar a la empresa 399.821 euros por esta decisión, así como otros 96.793 euros en concepto de intereses. Carlos Pascual deberá indemnizar a la Corporación municipal con estas cantidades, según la sentencia. Pascual fue el primer cargo político que ingresó en prisión en España por un delito ecológico, tras ser condenado en 2004 a seis años por los daños causados en 600 hectáreas del parque natural del Marjal de Pego-Oliva.
En aquella ocasión, los daños que sufrió el humedal superaron el millón de euros y las indemnizaciones no se han podido cobrar doce años después de la sentencia. Pascual acumuló otras condenas por otros delitos cometidos durante su etapa en la Alcaldía entre los años 1995 y 2003, primero como representante de UV y luego en un partido independiente. En este último juicio, Pascual proclamó ante el juez que había pasado siete años en prisión pese a que «nunca había robado a nadie».
La sentencia aplica a Pascual una atenuante de dilaciones indebidas, motivo por el que la pena es inferior a los nueve años de inhabilitación que reclamaba la Fiscalía, al entender los jueces que los siete años que han sido necesarios para investigar la causa y llevarla a juicio son un lapso de tiempo elevado para un caso que carece de la complejidad suficiente que lo justifique. El fallo no es firme y contra él cabe la posibilidad de recurso ante el Supremo.
