El nuevo gobierno de El Verger (PSPV, Compromís y un edil independiente) ya se asustó cuando descubrió que el ayuntamiento estaba endeudado hasta el cuello. El gobierno del PP, pese a acogerse al plan de pago a proveedores, dejó una deuda de 952.972 euros en facturas y decidió acabar su mandato sin que los bancos lo agobiasen. Renegoció el préstamo de 2,7 millones que obtuvo en 2012 para dejar a cero las facturas. Amplió en diez años el plazo para devolverlo (acaba en 2032). Eso sí, los dos primeros, los de 2014 y 2015, serían de carencia.
Pero el nuevo gobierno aún encontró más agujeros. El PP dejó a deber 95.616 euros a la Mancomunitat de Serveis Socials, 17.422 a la UNED, 118.229 del IVA de la adquisición de la Casa de la Senyoreta y 793.672 del Patrimonio Municipal del Suelo (PMS). Los populares malbarataron el PMS en gasto corriente pese a que la ley obliga a destinarlo a gestión urbanística.
Con estas trampas, la deuda total ascendía a 4,9 millones de euros, una cifra estratosférica para un pueblo de 4.500 habitantes y que en 2015 aprobó un presupuesto de 3,9 millones.
Así, el nuevo alcalde, Ximo Coll, del PSPV, y sus socios encontraron un ayuntamiento en bancarrota. Para colmo, antes de Navidad, llegó una comunicación del Ministerio de Hacienda. El Estado intervenía las cuentas de El Verger de 2016 y de los cuatro siguientes años. El consistorio había incumplido el plan de ajuste de 2014. El gobierno del popular Miguel González se fundió el plan de pago a proveedores y luego siguió gastando sin medida. Pronto se saltó los criterios de estabilidad presupuestaria y volvió a las andadas de acumular facturas en los cajones hasta que su deuda con los proveedores se disparó a 952.972 euros.
El nuevo gobierno, que el jueves en una asamblea trasladó a los vecinos la negrísima radiografía económica, se ha apretado el cinturón y en seis meses ha reducido el déficit en 150.000 euros. Pero ahora teme que el Estado le imponga medidas drásticas para rebajar a marchas forzadas la deuda. «Todavía no sabemos el alcance de este yugo», dijo el concejal de Hacienda, Basili Salort, de Compromís, sobre las consecuencias de la intervención de las cuentas.
El nuevo gobierno también hereda otros marrones. El ayuntamiento es propietario de la histórica Casa de la Senyoreta, del siglo XIX, pero está cerrada y sin uso posible, ya que solo se ha rehabilitado la fachada para evitar que se viniera abajo. El ayuntamiento la adquirió en 2010 mediante una permuta. El actual pacto no sabe a cuanto subió la operación. Pero sí sabe que todavía faltan por pagar 118.229 euros del IVA.
