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Dénia

El gobierno halla una sentencia que obligaba al tránsfuga a devolver 130.000 euros

El pleno crea una comisión de investigación para aclarar quién escondió el fallo del TSJ

El gobierno halla una sentencia que obligaba al tránsfuga a devolver 130.000 euros a. p. f.

El gobierno de Dénia (PSPV y Compromís) ha encontrado «en un cajón» una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de hace un año que declaraba ilegal el sueldo que percibió el edil tránsfuga socialista Juan Collado. Este concejal se embolsó ilegalmente unos 130.000 euros tras firmar en 2008 la moción de censura que le dio la alcaldía a la popular Ana Kringe. El fallo ratificaba otro anterior de un juzgado de Alicante que ya declaró que esos ingresos fueron indebidos, al igual que los nuevos cargos que ostentó el edil tras el voto de censura. Además de la sentencia, el actual gobierno también ha dado con un auto del pasado mes de febrero que instaba la ejecución del fallo. Collado falleció el pasado mes de abril a los 51 años de edad. Llevaba retirado de la política activa desde 2011.

El pleno, a propuesta del gobierno local y de los grupos de la oposición de Canviem entre Tots y Ciudadanos, acordó en la tarde de ayer crear una comisión de investigación para aclarar quién ocultó el fallo. El PP y Centre Unificat, partidos que participaron en la moción de censura que desbancó a la socialista Paqui Viciano (el voto de Collado fue el que decantó la balanza), votaron en contra de la urgencia. Tanto Pepa Font, de Centre Unificat, como la exalcaldesa popular Ana Kringe (ambas compartieron gobierno con el tránsfuga) aseguraron que se habían enterado de la existencia de esa sentencia hacía escasos 45 minutos.

Sin embargo, el actual alcalde, Vicent Grimalt, del PSPV, sí consideró responsable a Kringe de que hubiera estado oculta hasta ahora. «Usted era como alcaldesa la máxima responsable de aquel gobierno», le espetó. Además, le exigió que dimitiera.

El concejal socialista Javier Scotto defendió que la urgencia de crear la comisión de investigación respondía a que el juzgado había pedido ya hacía meses la ejecución de la sentencia y a que, a cada día que pasaba, se volvía más difícil recuperar un dinero que nunca debió salir de las arcas del ayuntamiento. Además, el fallo del TSJ condenó al ayuntamiento, que entonces, con Kringe de alcaldesa, defendió al tránsfuga, a pagar las costas.

Sin embargo, PP y Centre Unificat sí apoyaron la creación de la comisión de investigación. Kringe dijo que ella era la primera sorprendida por la sentencia. Aseguró que nunca llegó a la comisión de gobierno cuando ella era la munícipe. «Y otros fallos que no me gustaban un pelo sí que pasaron por la junta de gobierno», alegó.

El actual alcalde recordó a Kringe que su partido le preguntó dos veces en el pleno por si se había producido una eventual sentencia sobre los ingresos ilegales del tránsfuga. El auto de febrero ya había llegado entonces al ayuntamiento. «Nos respondió que lo miraría. Ahora debería dimitir porque faltó a la verdad», sentenció Grimalt.

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