15 de septiembre de 2011
15.09.2011
Calp

Cuatro exediles del PP declararán ante el Tribunal de Cuentas por los sobrecostes

El exalcalde Morató y tres de sus concejales entre 2003 y 2007 están citados para el día 27

15.09.2011 | 02:00

El Tribunal de Cuentas ha citado a declarar, para el día 27, al exalcalde de Calp Javier Morató y otros tres exconcejales de su gobierno en el caso de los supuestos sobrecostes en diferentes obras municipales que investiga este órgano a raíz de la denuncia que interpuso el PSPV, en el pasado mandato, tras la moción de censura que aupó al nacionalista Ximo Tur a la alcaldía con el apoyo de los populares. El mismo día tendrá que declarar también el líder de los socialistas, Luis Serna, como denunciante, así como tres técnicos municipales. Además de Morató, Serna y los técnicos, tendrán que comparecer los exconcejales José Perles, Fernando Penella y Manuel Alonso Laborda.
La investigación se abrió a raíz de la denuncia socialista presentada en octubre de 2008 tras la censura y, con el paso de los meses, ha ido estrechando el cerco sobre la gestión que, en el mandato de 2003-2007, realizó el gobierno del popular Javier Morató. Ya entonces, el informe elaborado por el Ministerio Público apreciaba "irregularidades e indicios de responsabilidad contable" en varias actuaciones del PP, como el asunto de los supuestos sobrecostes en la renovación de la red de suministro potable conocido como caso Aguas de Calpe; la operación de recalificación de suelo rústico a dotacional en 2005, donde el ayuntamiento invirtió después 380.000 euros en instalar una carpa ferial que posteriormente se tuvo que desmontar al demostrarse que los terrenos no eran municipales; o la adecuación de un local alquilado para la Radiotelevisión de Calp en la que se gastaron 800.000 euros sin expediente de contratación, como denunció también el PSPV. Los socialistas aportaron también documentación de supuestos sobrecostes en otras adjudicaciones por valor de casi 5 millones de euros, realizadas al margen del procedimiento de contratación.
En principio, el tribunal constata que pudo ocasionarse daño contra el erario público y ha abierto un procedimiento de responsabilidad contable. En estos casos, el tribunal elabora una estimación económica del posible daño causado y exige que se avale el dinero antes de que empiece el juicio.

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