La Empresa Pública Municipal de Calp, que se constituyó en 2006 para la construcción de vivienda protegida, será liquidada por el Ayuntamiento cinco años después con un triste balance: Cero VPO construidas y, al menos, 730.000 euros gastados de dinero público. La Junta de Gobierno Local tomó ayer la decisión de avanzar en la disolución de la sociedad después del ruinoso negocio realizado con su creación. Y es que el concejal de Hacienda, Paco Cabrera -quien ayer ejerció de portavoz del ejecutivo municipal-, manifestó que en el Consistorio se conoce "en qué se han gastado" los 600.000 euros con los que se constituyó la empresa pública.

Cabrera puso el acento en que, además, al proceder aquellos 600.000 euros de la enajenación de Patrimonio Municipal del Suelo (PMS), sólo se podían destinar a la edificación de vivienda protegida u otros fines de interés social previstos en el planeamiento. Y resulta evidente que a la construcción de vivienda protegida no se han dedicado. Pero a aquellos 600.000 euros se suman, como mínimo, otros 130.000 de agujero económico que había dejado la empresa, y que en el pasado mes de marzo tuvo que asumir el Ayuntamiento.

Paco Cabrera recordó que, ya entonces, el anterior Gobierno acordó en pleno iniciar el proceso de disolución de la empresa municipal; pero lo hizo, añadió, "en falso". Ahora, el Ayuntamiento nombrará liquidadores para hacer efectiva la disolución. No obstante, Cabrera quiso recalcar que todo el proceso se llevará a cabo "de la mano" de la Unió Musical Calp-Ifach.

Y es que la empresa municipal tuvo en 2006 como primer cometido llevar a cabo una promoción de 14 VPO en un solar de la calle del Puerto de Santa María que aportaba la banda de música. El edificio a construir, y del que sólo se llegó a iniciar la cimentación, reservaría los bajos para los locales de la Unió Musical. Por ello, la intención del actual Gobierno local es que el proceso de disolución de la empresa se desarrolle en estrecha colaboración con la banda de música, para evitar que resulte "agraviada", ya que "tiene unos derechos adquiridos".

Como circunstancia curiosa, Cabrera destacó que la gerente de la empresa pública "sigue empleada porque nadie ha rescindido su contrato, pero no cobra desde hace tiempo, porque en la empresa no hay dinero".