18 de diciembre de 2009
18.12.2009

Detienen a un notario acusado de falsear escrituras en el caso Llíber

El fedatario público fue puesto en libertad con cargos, junto a dos abogados, tras haber prestado declaración ante la Guardia Civil

18.12.2009 | 01:00

Los imputados por la trama urbanística de Llíber empiezan a ser legión. Tras prestar declaración en calidad de detenidos ante la Guardia Civil, ayer quedaron también imputados un notario de Xàbia y dos abogados, cuyos nombres no trascendieron. La participación del notario en la estafa puede estar relacionada con la presunta falsificación de escrituras y de documentos de compra venta.
El número de imputados en este escándalo de corrupción urbanística es ya de quince. Además del promotor Miguel M., también de Xàbia, y del ex alcalde de Llíber, José Mas Avellá, del PP, y el ex aparejador municipal, Amador Signes, que están los tres en prisión provisional, están imputados cinco empresarios, el actual alcalde del municipio, tres ediles (uno del PSPV y dos del PP) y un ex concejal socialista. Desde ayer, la investigación también ha vinculado con la trama a los dos abogados y al notario citados.
Mientras, las pesquisas también se centran en el patrimonio que pudo amasar el ex alcalde popular durante el mandato de 1999 a 2003, cuando se construyeron y vendieron las viviendas ilegales. José Mas Avellá adquirió en aquellos años un coche de la marca Mercedes y, supuestamente, dos casas en las que viven sus hijos. También se reformó una vivienda antigua situada justo enfrente del ayuntamiento. No obstante, en su declaración ante la juez de Dénia, el ex alcalde al parecer negó que el automóvil y las propiedades inmobiliarias fueran regalos de los promotores a cambio de favores urbanísticos. La investigación sí que apunta a que tanto este político como el ex aparejador pudieron recibir comisiones.
La compenetración entre el gobierno de Llíber del mandato de 1999 a 2003 (tres ediles del PP y uno de Iniciativa Independent) y los promotores implicados en la trama urbanística era total. Tanto es así que aquel equipo de gobierno trabajaba en un concierto previo de PGOU que, si bien no legalizaba las viviendas ilegales que entonces se construían a decenas, sí que reclasificaba zonas no urbanizables donde los constructores habían adquirido previamente terrenos. En el citado PGOU, el PP planeaba convertir en urbanizable una ladera de montaña situada junto al río Gorgos. El promotor Miguel M., ahora en prisión por la presunta estafa urbanística, ya había adquirido los terrenos y llegó a abrir un vial, pero las obras las paralizó y precintó el Seprona. Aquella reclasificación no tenía además mucho futuro, ya que se trata de un área protegida por el LIC (Lugar de Interés Comunitario) del río Gorgos.
El desmadre urbanístico que se vivió en Llíber entre 1999 y 2003 da pie a todo un catálogo de ilegalidades urbanísticas. La más común era la de construir en suelo no urbanizable en parcelas de menos de 10.000 metros. Las licencias eran para restaurar una ruina, que a menudo ni existía. Pero se construían chalés. Incluso un promotor se edificó una casa con licencia para un mirador en la cima de una montaña y sobre un yacimiento arqueológico de la Edad del Bronce.

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