La ley de Costas ha viajado en más de una ocasión al Parlamento Europeo de la mano de los residentes extranjeros de la costa española que han llegado hasta la instancia más alta para defender sus derechos como propietarios. Pero esta vez fue la eurodiputada Margrete Auken -redactora del demoledor informe sobre el urbanismo en el Estado y en la Comunitat Valenciana- quien se trasladó hasta Calp para conocer de primera mano la preocupación de los afectados por la nueva delimitación del dominio público marítimo terrestre, que afecta a un millar de propietarios en la costa calpina.
La diputada danesa de los Verdes estuvo acompañada, el domingo, por la edil del Bloc-Els Verds, Antonia Avargues, la representante de la ACEC (Associació Cultural i Ecologista de Calp), Carol Saunders, y una veintena de residentes damnificados por el deslinde litoral propuesto por el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino. En la entrevista los perjudicados le trasladaron su miedo a enfrentarse a la posible pérdida de sus propiedades, adquiridas "de buena fe" hace varias décadas.
Al respecto, Auken se mostró receptiva a las críticas de los afectados a la Ley de Costas y se comprometió trasladar sus reivindicaciones al Parlamento Europeo. En este sentido, la eurodiputada animó a los afectados a "luchar" y emprender acciones para hacerse oír y llegar a las administraciones.
Asimismo, según comentó Saunders, la eurodiputada aseguró que la gestión urbanística española será sancionada con el voto negativo de su grupo a las subvenciones españolas de la Unión Europea, incluidas en el próximo presupuesto.
No obstante, la portavoz de la ACEC manifestó su conformidad con la Ley de Costas, puesto que pretende conservar y proteger el litoral, aunque aseveró que la norma ha llegado tarde, pues muchos ciudadanos ya han adquirido unos inmuebles construidos legalmente y ahora entran en conflicto sus derechos sobre la propiedad.
Así, recogió la principal queja de los vecinos perjudicados de Calp que discreparon sobre la diferencia de criterios ante la existencia de zonas como Maryvilla o Bassetes, donde la zona de servidumbre de protección se amplía con el deslinde de 20 metros a 100 metros, pese a tratarse de partidas urbanísticamente consolidadas.
