El pleno celebrado la noche del martes en El Verger autorizó al alcalde, Miguel González, del PP, a ejecutar un convenio suscrito con un propietario afectado por la construcción de la rotonda de la N-332 a su paso por el municipio. Este convenio fue firmado en 2004 cuando el actual primer edil aún presidía la corporación antes de que la moción de censura lo desbancara de la Alcaldía. En él, el propietario cedía 900 metros cuadrados de suelo para que se pudiera ejecutar la rotonda de la N-332 que enlaza con la carretera de Pego pero, en contraprestación, pedía o que el Ayuntamiento le recalificara 12.000 m 2 junto a la isleta que era suelo rústico o que, cuando pasaran tres años de la firma del convenio, el Consistorio le comprara una parcela en el polígono de 4.000 m 2 a 120 euros el metro cuadrado. Es decir, el montante ascendería a 480.000 euros y habría que sumar el aumento de los últimos tres años del Índice de Precios a Consumo (IPC);.

Transcurridos los tres años desde 2004, ahora el Ayuntamiento está obligado a ejecutar el convenio y comprar la parcela descartando la recalificación de terrenos.

El portavoz del Bloc de El Verger, Manolo Martínez, tildó ayer de «barbaridad» el acuerdo al que llegó en su día el ayuntamiento con el propietario porque «la cesión de 900 m 2 nos va a salir por mucho dinero». El nacionalista aseguró que a otros propietarios afectados por la ejecución de la rotonda «se les pagó entre 25 y 30 euros el metro cuadrado» mientras que ahora, el ayuntamiento se ve obligado a la compra de una parcela por 120 euros el m 2 y, además, «que se sitúa en el polígono, entre un carril-bici y un barranco, sin ningún tipo de acceso».

Manolo Martínez también criticó que el alcalde «vendiera en 2004 parcelas municipales urbanizadas por 57 euros el metro cuadrado». Por este motivo, el edil del Bloc denunció que «Miguel González no mira por los intereses del pueblo porque era capaz de vender una parcela a 57 euros el m 2 cuando valía 300 y hacer convenios que en nada benefician a El Verger». Martínez afirmó que se «podría haber recurrido a la expropiación forzosa».