Desde que se reinstauró la pena de muerte en 1976 en Estados Unidos, más de 160 condenados fueron exonerados, según un estudio realizado por Cara H. Drinan, experta en reforma de la justicia penal y profesora de Derecho en la Universidad Católica de América en Washington. Sin embargo, un castigo de consecuencias tan irreversibles parece haberse convertido en una medida de vigencia reversible dependiendo de la administración que gobierne en un momento u otro.
Así, si durante el mandato de Barack Obama las ejecuciones a nivel federal entraron en una fase de moratoria, paralizando todas las pendientes a partir de 2003, ahora, Donald Trump en la Casa Blanca, con sus ansias por destruir todo avance de su predecesor, ha dirigido su punto de mira en acabar con la reactivación de esta medida. El pasado jueves 25 de julio, el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, anunciaba su intención de reanudar este castigo, sólo para quienes hayan cometido los crímenes "más horribles", puntualizó.
De ser así, son cinco las personas que se encuentran en el corredor de la muerte por delitos federales, quienes corren el peligro de ser ejecutadas entre finales de este mismo año y principios de 2020. La Oficina de Prisiones ya ha fijado las fechas para su sentencia de muerte. La primera se celebrará el 9 de diciembre en una prisión de Indiana, donde hay otros 62 condenados a muerte.
Amnistía Internacional tilda de "escandalosa" esta medida, que considera una "vuelta al pasado". Sin embargo, "si observamos cuáles son las líneas de actuación que ha tenido la administración Trump en los últimos meses, no nos sorprende, pero no por eso nos deja de preocupar. Es la última prueba del desprecio que tiene la administración Trump por los derechos humanos", critica Carlos de las Heras, coordinador de las campañas sobre derechos humanos en la organización.
Cambio de procedimiento
El departamento de Justicia de la etapa de Barack Obama ordenó una revisión de los protocolos de aplicación de la pena de muerte a nivel federal. "En 2014, la ejecución de un reo llamado Clayton Lockett en Oklahoma reavivó el debate sobre la inyección letal después de estar agonizando durante casi tres cuartos de hora cuando el protocolo indica que la ejecución no puede durar más de quince minutos", recuerda De las Heras.
El problema, explica, es que "en los últimos años ha empezado a haber escasez de pentobarbital, la sustancia química que se administraba para llevar a cabo una muerte rápida y sin dolor. los Estados se han buscado sustitutos". En algunos casos, llegaban a combinarse hasta tres medicamentos -el tiopental sódico o pentobarbital, el bromuro de pancuronio y el cloruro de potasio-, pero ante la escasez del pentobarbital, o se utilizaba otra sustancia que tiene unos efectos más o menos similares, como es el midazolam, o incluso en algunos Estados, como Tennessee, han optado por la electrocución en silla eléctrica. En el caso de Alabama, por ejemplo, más de 50 condenados han preferido ser ejecutados en una cámara de gas nitrógeno en lugar de recibir una inyección letal por temor a verse sometidos a un largo sufrimiento.
El nuevo protocolo establece que las ejecuciones deberán realizarse a través de la inyección letal con un único fármaco, el pentobarbital
El nuevo protocolo estatal establece, no obstante, que las futuras ejecuciones deberán realizarse a través de la inyección letal como único procedimiento y deberá estar compuesta de un único fármaco, el pentobarbital. Hasta ahora, indican desde Amnistía Internacional, la ejecución se llevaba a cabo de múltiples formas, como decapitación, electrocución, ahorcamiento o con armas de fuego, entre otras.
Un mapa estatal muy diverso
Hay que tener en cuenta que alrededor del 90% de los casos son juzgados en tribunales estatales, por lo que si echamos un vistazo al mapa estatal de Estados Unidos hallamos un panorama muy diverso. El Tribunal Supremo de EEUU restituyó la pena de muerte en 1976, lo que ha permitido a los Estados más conservadores incluir este castigo en su legislación interna.
Mapa de la pena de muerte en Estados Unidos.Amnistía Internacional
Actualmente, son 21 los que han renunciado a la pena de muerte y 30 los que todavía la mantienen, si bien 11 de ellos no han llevado a cabo ninguna ejecución desde hace al menos diez años. En 2018, la pena de muerte fue declarada inconstitucional en los Estados de Washington y New Hampshire y tan sólo hubo 8 Estados que llevaron a cabo ejecuciones. "Si bien cada vez son menos los Estados ejecutores, el número de ejecuciones se mantiene en los últimos años", advierte De las Heras.
Retroceso a nivel global
El número de sentencias capitales en Estados Unidos ha disminuido en dos tercios durante la última década, si bien algunos de los Estados que la tenían paralizada la han reactivado. El año pasado, Nebraska ejecutó a un criminal por primera vez en veinte años; Nevada, en doce; y Tennessee, en nueve.
A nivel mundial, las ejecuciones y condenas a muerte han disminuido en el último año después de haber alcanzado máximos históricos. En 2018, se alcanzó la cifra más baja de la última década con 690 ejecuciones contabilizadas en 20 países, un 31% menos respecto a 2017, año en el que se registraron 993 ejecuciones, según el Informe Global de condenas a muerte y ejecuciones en 2018 de Amnistía Internacional.
Vigilia durante la ejecución de un preso frente a la prisión estatal de Utah en 2010.EFE
Además, no se registraron ejecuciones en siete países —Bahréin, Bangladesh, Jordania, Kuwait, Malasia, Estado de Palestina y Estados Árabes Unidos - que sí las habían llevado a cabo en 2017. Con estos datos en la mano, "se puede afirmar que la pena de muerte está en decadencia y que se están tomando medidas efectivas en todo el mundo para poner fin al uso de este castigo", que califica como "cruel e inhumano", explica su portavoz.
Durante la Asamblea General de Naciones Unidas, celebrada el pasado mes de diciembre, 121 países apoyaron la moratoria global de todas las ejecuciones y sólo 35 países votaron en contra. Burkina Faso ha sido el último en sumarse a la abolición de la pena de muerte, borrando esta medida de su código penal en junio de 2018. Por su parte, Gambia y Malaysia declararon una moratoria de las ejecuciones, por lo que son 106 países los que la han abolido por ley y 143 países los que no las llevan a la práctica.
Aun con todo, a finales de 2018, la organización tenía tuvo constancia de al menos 19.336 personas condenadas a muerte en todo el mundo. "Países como China, Arabia Saudí o Irán, están cada vez más aislados, pero su respuesta es ejecutar más", indica De las Heras. Por su parte, Botswana, Sudán, Taiwán y Tailandia reanudaron las ejecuciones en 2018 y hubo un incremento en Bielorrusia, Japón, Singapur, Sudán del Sur y Estados Unidos.
Ranking de los países más ejecutores del mundo.Amnistía Internacional
La opinión pública, dividida
Sin embargo, las encuestas realizadas muestran una profunda división en la sociedad estadounidense. A finales de 2018, un estudio elaborado por el Centro de Investigación Pew reveló que el 54% de los ciudadanos se mostraba a favor de la pena de muerte, un porcentaje que ha subido ligeramente en cinco puntos. La llegada de Trump al poder parece haber roto con los cuarenta años de caída libre de desaprobación de la pena capital.
"Los mensajes de Trump han calado entre la opinión pública, aunque las cifras a favor y en contra de la pena de muerte en EEUU andan muy parejas" - Carlos de Las Heras, Amnistía Internacional
"Ciertamente, el apoyo a este castigo venía disminuyendo en los últimos años, fundamentalmente porque la gente iba tomando conciencia de que la pena de muerte no estaba funcionando como solución a la violencia ni a la delincuencia, pero con la llegada de Donald Trump a la presidencia, sus mensajes han tenido cierto calado entre la opinión pública, aunque las cifras andan muy parejas", advierte el coordinador de derechos humanos de Amnistía Internacional.
Pero además de no servir como "medida disuasoria" para reducir el número de asesinatos, violaciones y otros crímenes, Amnistía Internacional denuncia que en muchos países, los procedimientos judiciales se aplican de forma discriminatoria. "Si eres pobre, perteneces a una minoría racial, étnica o religiosa, tienes muchísimas más posibilidades a ser condenado a muerte". Además, en algunos países se utiliza como una herramienta política, como en Arabia Saudí o Irán, y en muchos casos se incumplen las normas internacionales sobre juicios justos, por lo que esta organización cuestiona muchas de las supuestas "confesiones" de los condenados, obtenidas "mediante tortura o malos tratos", destacan.
