El primer ministro portugués, el socialista António Costa, abrió este viernes una crisis política sin precedentes en su mandato y, distanciado de sus socios, amenazó con dimitir si se reconoce una compensación a los profesores que amenazaría la estabilidad presupuestaria del país.
"No estamos haciendo chantajes ni ultimátums. Es mi deber de lealtad informar con franqueza a los portugueses", afirmó Costa durante una reunión de urgencia de su Gobierno.
La aprobación de esta ley "condiciona de forma inaceptable la gobernabilidad futura en términos que solo el electorado está legitimado a aprobar", dijo.
"Sería una ruptura irreparable con la consolidación de las cuentas públicas, compromete la credibilidad de Portugal y forzará al Gobierno a presentar su dimisión", declaró.
A cinco meses de las elecciones legislativas previstas para octubre, esta crisis ha revelado la soledad del Gobierno y las debilidades de la llamada "Geringonça", la alianza de izquierdas que llevó a Costa al poder.
Los socialistas se quedaron solos el jueves en el Parlamento contra una medida que reconoce la antigüedad total de los profesores para la actualización de sus salarios, incluidos casi diez años de congelación durante la crisis que sacudió el país.
Una iniciativa que, argumenta el primer ministro, tendría un impacto incalculable porque abriría la puerta a demandas en cadena de otros colectivos de funcionarios públicos -de hecho, los militares, la Guardia Nacional y la Policía Marítima ya anunciaron hoy mismo que exigirán el mismo trato que los profesores-, obligaría a emprender recortes y subidas de impuestos y debilitaría la economía lusa.
El anuncio de Costa abre un tenso compás de espera hasta el próximo día 15, cuando está prevista la votación final de la iniciativa en el Parlamento.
"Cualquiera de las alternativas compromete la gobernabilidad", dijo Costa.
El conflicto no es nuevo. Los profesores, uno de los gremios más beligerantes frente al Ejecutivo socialista, arrastran un año y medio de movilizaciones en reclamo de una actualización salarial que contabilice su antigüedad total.
El Gobierno se ha negado insistentemente, porque, sostiene, este reconocimiento supondría un aumento del gasto público en más de 600 millones de euros e impediría cumplir los objetivos presupuestarios, en sintonía con el reclamo de la Unión Europea.
Al borde de las elecciones, "cuatro partidos se han entendido en la Asamblea de la República para aprobar algo que no habían propuesto" en sus programas electorales, denunció hoy Costa.
Según el primer ministro, sus aliados en el Gobierno, el Bloque de Izquierda y el Partido Comunista (PCP), son "coherentes" con lo que han venido defendiendo desde 2017, pero la derecha se ha sumado en una actitud "incoherente".
Las reacciones no se han hecho esperar y la oposición ha criticado la actitud de Costa, que pese al desgaste propio en la gestión de Gobierno es favorito en las encuestas para las elecciones de octubre.
Tras escucharle, sus socios comunistas adelantaron que volverán a votar en favor de la medida: "No entraremos en el juego de dejarles condicionar nuestra posición (...). Los chantajes del Gobierno con el PCP no funcionarán", advirtieron.
La coordinadora del Bloque de Izquierda, Catarina Martins, también avanzó que mantendrán su voto y lamentó la "inestabilidad" creada por el "ultimátum" de Costa, aunque subrayó su "lealtad" al pacto de gobernabilidad con los socialistas.
El anuncio fue un "chantaje inadmisible", en palabras de Heloísa Apolonia, la líder del Partido Los Verdes, también socios del Gobierno, dispuesta a mantener su voto.
La derecha tampoco parece dispuesta a moverse. "No tenemos dos caras", ha llegado a decir el líder conservador Rui Rio.
Pese al conflicto y al descontento de los profesores -con sueldos medios brutos de unos 2.000 euros al mes-, Portugal ha ido ganando posiciones en materia de Educación en los últimos años hasta convertirse en un referente internacional.
