n El Protocolo sobre Gibraltar recogido en el principio de acuerdo pactado el martes entre Londres y Bruselas y hecho público a última hora del miércoles protege los derechos de los trabajadores fronterizos en Gibraltar, una de las principales reivindicaciones del Peñón desde que se inició el proceso para las negociaciones de la salida de Reino Unido de la UE. Así, Londres y Madrid se comprometen a «cooperar de cerca» para asegurar los derechos de los cerca de 14.000 trabajadores que cada día cruzan la frontera con Gibraltar. En este sentido, ambos países garantizan «la efectiva implementación de los derechos de los ciudadanos» recogidos en el apartado 2 del texto -que protege a los residentes que vivían en Reino Unido o el resto de territorios comunitarios antes del Brexit-, y «que se aplica íntegramente a los trabajadores fronterizos que viven en Gibraltar o en España». El documento menciona específicamente a los trabajadores de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar.

Los derechos de los trabajadores fronterizos en el Peñón son genéricos para todos los trabajadores transfronterizos en otros territorios. Los tres apartados protegen de la discriminación a los trabajadores que buscan empleo independientemente de su lugar de residencia, garantiza el derecho al acceso a la asistencia de los trabajadores fronterizos en cualquiera de los dos territorios y establece el derecho a realizar una actividad de acuerdo a las leyes de Reino Unido o España. Para ello, España y Reino Unido crearán un «comité cordinador» que deberá velar por las condiciones laborales en el Peñón.

Medidas contra el blanqueo

Además, el Protocolo sienta las bases para la cooperación administrativa entre España y Londres en materias como el tabaco, la pesca o el medio ambiente. En clave económica, el documento establece que España y Reino Unido deberán acordar las medidas a tomar para alcanzar la «transparencia completa en asuntos fiscales». Para ello, deberán establecer un «sistema de cooperación administrativa para luchar contra el fraude, el contrabando y el lavado de dinero y que resuelva conflictos fiscales».

El texto presentado por la Comisión Europea establece un marco inédito que por primera vez propicia la cooperación entre Reino Unido y España no sólo en el Peñón, sino también en el Campo de Gibraltar.