El Senado argentino autorizó hoy por unanimidad que la Justicia realice registros en los domicilios de la expresidenta y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), para buscar pruebas en un caso en el que está acusada de integrar una red de sobornos durante los gobiernos kirchneristas.
Los 67 senadores presentes -incluida la propia Fernández- votaron a favor de del juez Claudio Bonadio, quien por contar la senadora con fueros, necesitaba del visto bueno de la Cámara para hacer los allanamientos en el apartamento en el que vive en Buenos Aires y en sus casas de las sureñas Río Gallegos y El Calafate.
El escándalo de los sobornos ha dejado multitud de empresarios y exfuncionarios detenidos y salió a la luz por los cuadernos que un chófer del Ministerio de Planificación escribió durante más de una década, en los que contaba cómo llevaba bolsas con dólares que empresarios destinaban a miembros del kirchnerismo, entre ellos, supuestamente, Fernández y su fallecido esposo, el también exmandatario Néstor Kirchner (2003-2007).
"Si algo faltaba para consagrar la persecución política y el uso del poder judicial como instrumento de persecución política en Argentina era esta causa", enfatizó Fernández en su intervención en la sesión, en la que criticó que tiene seis casos abiertos, cuatro de ellos por encabezar presuntamente una "asociación ilícita" relacionada con negocios de la obra pública.
Como ya hizo en otras ocasiones, negó haber cometido ningún delito, señaló que el Gobierno de su sucesor, Mauricio Macri, está detrás de su situación judicial, y recalcó que se siente víctima de un "plan regional" para "la persecución y proscripción de los dirigentes populares".
"¿Saben quién puede ganar las elecciones de Brasil en primera y segunda vuelta? Lula da Silva. Pero no puede serlo porque lo metieron preso. ¿Les suena? Me suena y mucho", arremetió Fernández, quien hasta ahora no ha definido públicamente si será candidata a los comicios presidenciales de 2019.
Al momento de la votación, que se produjo tras casi siete horas de debate, multitud de seguidores de la exmandataria ya se congregaban a las puertas de su apartamento de la capital, a la espera de que comience el operativo de Bonadio, que finalmente se espera tenga lugar este jueves.
La gran diversidad de opiniones en la Cámara se ubicó entre la fuerte defensa a su favor de los senadores del peronismo kirchnerista -convencidos de que Macri influye en la Justicia para que no se hable de la situación económica del país-, y los más críticos, fundamentalmente del gobernante frente Cambiemos.
"El cuerpo debe demostrar no solamente el principio de igualdad, sino también que no somos un obstáculo para la Justicia", afirmó el titular del bloque oficialista, Luis Naidenoff.
Miguel Ángel Pichetto, jefe del también peronista grupo de Argentina Federal, con quien Fernández mantiene una tensa relación, descalificó la comparación de estos hechos con lo que sucede en Brasil. "No hay que victimizarse. Usted va a poder ser candidata en el 2009", manifestó Pichetto a Fernández.
La primera fecha establecida para debatir los allanamientos (el 9 de agosto) fue aplazada porque algunos senadores alegaron no haber tenido tiempo para leer el documento enviado por el juez, y la segunda (el miércoles pasado) no prosperó porque la mayoría de legisladores, sobre todo del ala peronista, declinaron acudir a la sesión.
En este contexto, miles de personas salieron a las calles este miércoles para pedir, no solo los registros, sino que el Senado apruebe retirar los fueros y permitir la detención de la expresidenta, y la sanción de una ley que habilite a la Justicia a traspasar al Estado bienes y dinero obtenidos por delitos, que se debatirá a lo largo de la madrugada en la Cámara.
