Los venezolanos están llamados este domingo a elegir a los miembros de la Asamblea Constituyente que ha convocado el presidente, Nicolás Maduro, con el objetivo de recuperar la paz social, un proceso que ha suscitado la crítica interna --incluso 'chavista'-- e internacional y ha alejado aún más la posibilidad de alcanzar una solución negociada a la crisis que arrastra el país.

De las elecciones de este 30 de julio saldrán las 545 personas que formarán la Asamblea Constituyente con el encargo de redactar una nueva Carta Magna que sustituirá a la promulgada en 1999 bajo la Presidencia de Hugo Chávez. "Es una de las mejores del mundo. Está blindada de cualquier capricho personal", dijo entonces el líder 'bolivariano'.

Sin embargo, la convocatoria de esta Asamblea Constituyente ha despertado las encendidas críticas de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) --coalición opositora--, de conocidos 'chavistas', como la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, y de la comunidad internacional por cómo se ha llegado a este punto.

Maduro convocó el 1 de mayo la Asamblea Constituyente y descartó celebrar un referéndum, algo que sí hizo su antecesor hace 18 años. Para la MUD y para la fiscal general es ilegal porque, de acuerdo con la Carta Magna, solo el pueblo, como "depositario del Poder Constituyente", "puede convocar". El oficialismo, por su parte, se agarra a que la Constitución concede al presidente "la iniciativa de convocatoria".

Otra de las innovaciones de Maduro es que los 545 escaños no se repartirán en base a las circunscripciones electorales habituales, sino que están distribuidos por territorios y sectores. En principio, los electores podrán emitir dos votos, uno por territorio y otro por sector, pero quienes no estén representados en los sectores solo tendrán uno.

Así, de los 545 miembros de la Asamblea Constituyente, 364 tendrán carácter territorial y 173 serán elegidos de entre determinados sectores sociales --trabajadores (79), pensionistas (28), representantes comunales (24), estudiantes (24), campesinos (8), empresarios (5) y personas discapacitadas (5)-- a los que se suman 8 representantes indígenas.

La MUD ha denunciado que este diseño favorece el dominio oficialista de la futura cámara porque la distribución territorial se ha hecho por municipio sin tener en cuenta el número de habitantes, algo que beneficia a las zonas rurales, de tendencia 'chavista', frente a las ciudades, donde la adhesión al Gobierno ha comenzado a diluirse.

Además, la oposición ha advertido de que los sectores elegidos son de marcado carácter oficialista debido a que muchos dependen directamente del Gobierno por las ayudas sociales que reciben o porque su cargo es de creación 'chavista', como en el caso de los representantes comunales.

A ello se suman las denuncias por presiones a los votantes sectoriales. El propio Maduro ha ordenado censar a los funcionarios para garantizar que acuden a las urnas. "Si tenemos 15.000 trabajadores, deben votar los 15.000 , sin ninguna excusa, empresa por empresa, ministerio por ministerio, alcaldía por alcaldía", dijo.

En este contexto, la MUD ha optado por el boicot y no ha presentado ningún candidato, por lo que los más de 6.000 aspirantes registrados proceden en su totalidad del 'chavismo'. Entre ellos hay nombres relevantes, como el hijo de Maduro; la primera dama, Cilia Flores; y el vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello. Además, la oposición ha llamado a los venezolanos a salir a las calles este domingo contra una votación que consideran ilegal y fraudulenta.

Poder absoluto

Maduro ha argumentado que la convocatoria de la Asamblea Constituyente es "un deber histórico ineludible" que tiene "la finalidad primordial de garantizar la preservación de la paz del país ante las circunstancias sociales, políticas y económicas actuales, en las que severas amenazas internas y externas de factores antidemocráticos se ciernen sobre el orden constitucional".

El jefe de Estado plantea la Asamblea Constituyente como la salida a la crisis que atraviesa Venezuela desde hace años y que se agravó el pasado marzo con unas polémicas sentencias del Tribunal Supremo que despojaron al Parlamento --controlado por la MUD-- de sus poderes, lo que desencadenó una serie de manifestaciones que han sido duramente reprimidas por las fuerzas de seguridad, dejando más de cien muertos y miles de detenidos.

La meta, ha indicado, es "una reorganización del Estado que recupere el principio constitucional de cooperación entre los poderes públicos", tras una etapa marcada por el enfrentamiento constante entre el Gobierno y el Parlamento que el Supremo ha dirimido siempre a favor del Palacio de Miraflores, hasta el punto de declarar en "desacato" a los actuales diputados.

La MUD, en cambio, alerta de que el verdadero propósito de Maduro es recuperar el poder absoluto que el 'chavismo' perdió en las elecciones parlamentarias de 2015, no solo porque confeccionará una Constitución a su medida, sino porque la Asamblea Constituyente se situará por encima de los demás poderes del Estado.

"En el oficialismo les interesa tener un órgano de poder supranacional que les permita por fin gobernar sin restricciones bajo un manto de supuesta legalidad. Esta sería la dictadura, no de un individuo, sino de un grupo, una mafia. Ahí es donde quieren llegar", ha dicho Jesús 'Chúo' Torrealba, ex secretario ejecutivo de la MUD, en declaraciones a Europa Press.

Un país totalmente dividido

Otro de los objetivos declarados por Maduro es activar un "diálogo nacional" para que haya "un reconocimiento político mutuo" entre Gobierno y oposición, después de varios intentos fallidos. De hecho, el mandatario venezolano ofreció el viernes, durante el acto 'chavista' de cierre de la campaña electoral, abrir una negociación antes de que se instale la Asamblea Constituyente.

Pero para muchas voces de la MUD la oferta de diálogo ya no es creíble. El ex alcalde de Caracas, el destacado opositor Antonio Ledezma, pedía esta misma semana en un vídeo grabado bajo arresto domiciliario a sus colegas de la alianza disidente que no cayeran en la "trampa" de sentarse otra vez a la mesa de negociaciones con el Gobierno por considerar que se trata de una táctica dilatoria.

Torrealba ha sostenido que "es un escenario difícil pero factible". Difícil porque, según ha reconocido, hay "sectores minoritarios" en la MUD a los que les interesa la tensión política para "llevar a cabo su agenda personal". Y factible porque dentro del 'chavismo' hay una corriente que "teme que la Asamblea Constituyente les vuelva como un bumerán" por "el gran coste político, nacional e internacional, que tiene seguir adelante con esta barbaridad".

Interrogado sobre el escenario que dibujarán estas elecciones, Torrealba ha sido tajante: "Venezuela no se acaba el 30 de julio". El líder opositor augura que, tras "la borrachera de poder", Maduro y los suyos "tendrán que enfrentarse a la realidad", como el próximo pago de la deuda internacional con las arcas vacías, y la MUD estará en "una situación mucho más compleja", por lo que ambos se verán empujados al diálogo.

Pese a ello, no se atreve a descartar una escalada definitiva de la violencia que desemboque en una nueva guerra civil, dado que "en estos momentos Venezuela vive una situación paradójica: tiene un Gobierno sin pueblo y una oposición sin Ejército intentando resolver por la fuerza". "Y en nuestro país las guerras civiles siempre han sido para exterminar al adversario", ha recordado.

"Pero tenemos aún 'chance' de que no sea así", ha confiado Torrealba. "Venezuela necesita resituar la política como centro de los mecanismos para la resolución de conflictos, que sean las palabras y no las balas, que sean los votos y no la sangre, lo que permita solucionar el drama venezolano", ha defendido y ha remachado: "por muy divididos que estemos Venezuela solo es una y tendremos que aprender a convivir".