La Unión Europea (UE) pondrá en marcha a partir de mañana su plan para devolver y readmitir sirios desde Turquía pese a las críticas la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y de numerosas ONG, que aseguran que Ankara practica devoluciones forzosas y que no se protege a los refugiados.

El Parlamento griego aprobó este viernes la ley que reforma el proceso de demanda de asilo y regula la devolución de inmigrantes a los llamados "países seguros", pero sin mencionar expresamente a Turquía entre ellos, por la oposición dentro de la propia Syriza.

Ankara, en cambio, aún tiene que hacer las modificaciones legislativas necesarias para asegurar que no se producen las llamadas "devoluciones en caliente", prohibidas por el Derecho europeo e internacional.

El mecanismo que la UE espera aplicar desde mañana es uno de los elementos del acuerdo con Turquía, el conocido como "uno por uno", según el cual el bloque comunitario admitirá a un sirio por cada sirio deportado a Turquía desde Grecia en un intento por desalentar las vías irregulares de llegada a territorio comunitario.

La Comisión Europea (CE) no ha precisado por el momento qué Estados miembros estarían dispuestos a acoger a esos sirios llegados desde Turquía.

El Ministerio español del Interior, en cambio, adelantó este miércoles que estudia asumir un cupo de 6.565 refugiados.

Numerosas críticas

En cuanto a las críticas vertidas sobre el plan, la CE dijo esta semana que se las toma "muy en serio" y aseguró que está adoptando medidas para responder a ese problema.

ACNUR denunció el viernes la degradación creciente de los centros en las islas griegas donde se retiene a los refugiados, y advirtió de que la situación puede descontrolarse si las autoridades de la UE no actúan con prontitud.

Solo en el centro de Moria, en Lesbos, hay unas 2.300 personas, cuando la capacidad es para 2.000. "La gente duerme al raso y la comida es insuficiente", denunció Melissa Fleming, portavoz de ACNUR.

El acuerdo alcanzado entre la UE y Ankara el pasado 18 de marzo permite expulsar hacia Turquía, que ya acoge a casi 3 millones de refugiados, a toda persona que llegue de forma irregular a territorio comunitario tras considerar caso por caso para ver si tiene derecho a recibir asilo.

No obstante, durante este periodo el solicitante de asilo deberá permanecer detenido en un centro de internamiento.

ACNUR, otras ONG y entidades como Médicos Sin Fronteras (MSF) no participan en el proceso porque le consideran injusto e ilegal y a la política europea de retener contra su voluntad a los solicitantes de asilo.

Sobre las acusaciones a Ankara de que practica expulsiones forzosas, la CE dice que no tiene una confirmación real de que así sea, aunque asegura que hace las verificaciones necesarias.

La portavoz comunitaria Mina Andreeva subrayó este viernes que la devolución a Siria de personas con derecho al asilo es "una línea roja que no se puede cruzar", y recordó que el comisario europeo de Migración e Interior, Dimitris Avramópulos, viajará mañana a Ankara para abordar la aplicación sobre el terreno del plan acordado y tratar estas cuestiones.

Bruselas reconoce que existen "algunos problemas" en la puesta en marcha del acuerdo y que las partes colaboran para asegurar su resolución.

Parte de las complicaciones para que funcione el plan tienen que ver con la falta de personal en las islas griegas.

Los Estados miembros deben aportar 2.500 funcionarios para apoyar la labor de las autoridades griegas.

Por el momento, la agencia europea de fronteras Frontex ha recibido compromisos para 44 expertos en readmisión y 700 profesionales para el retorno, según el Ejecutivo comunitario.

La oficina de asilo Easo cuenta con 452 expertos prometidos por los Estados miembros, 32 de los cuales serán desplegados el próximo lunes.