Japón ejecutó el miércoles a dos condenados por asesinatos múltiples por primera vez bajo el nuevo Gobierno del Partido Democrático (PD), lo que ha puesto fin a un paréntesis de un año en la aplicación de la pena de muerte.
Los presos ajusticiados fueron Kazuo Shinozawa, de 59 años, responsable de la muerte de seis mujeres en el incendio de una joyería en 2000, y Hidenori Ogata, de 33, condenado por matar a una pareja en 2003.
La noticia fue recibida entre la indiferencia de la población japonesa, que apoya mayoritariamente la pena capital para los delitos de sangre, y el estupor de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, que lo calificaron de "duro revés".
Ante las críticas de esos grupos, el Gobierno nipón defendió que no ha habido motivaciones políticas en las ejecuciones, que se han llevado a cabo justamente un año después de la última aplicación de la pena capital en este país, el 28 de julio de 2009.
Japón es junto a Estados Unidos uno de los pocos países industrializados y democráticos que tiene la pena de muerte como máximo castigo en su código penal.
Las ejecuciones han puesto fin a una moratoria oficiosa que se mantenía desde que llegó al poder el PD, que arrasó en las elecciones de agosto pasado y nombró ministra de Justicia a la abogada progresista Keiko Chiba, entonces miembro de la Liga Parlamentaria contra la Pena de Muerte.
Chiba, que todavía no había firmado ninguna sentencia de muerte y había pedido prudencia en sentenciar al máximo castigo, estuvo presente en las ejecuciones, que en Japón se aplican siempre en la horca, con la ayuda de verdugos y sin testigos.
Los presos del "corredor de la muerte" japonés (107 en la actualidad) conocen la fecha de su ejecución ese mismo día y sus familias son informadas una vez que la misma ha sido llevada a cabo, lo que es reiteradamente denunciado por las organizaciones cívicas.
En una rueda de prensa, Keiko Chiba explicó que esta ha sido la primera vez que un titular de Justicia ha presenciado en Japón una pena de muerte y dijo que lo hizo "porque es mi deber revisar el proceso, al ser yo la persona que lo ordena".
Los dos presos fueron ejecutados en el Centro de Detención de Tokio, una de las siete cárceles japonesas donde puede aplicarse el máximo castigo y que Chiba tiene intención de abrir al escrutinio de los medios de comunicación próximamente.
Tras firmar las sentencias de muerte, la ministra de Justicia anunció que se creará un comité sobre la aplicación de la pena de muerte en Japón, donde más del 80 por ciento de la población respalda el máximo castigo.
"Siento la necesidad de que haya un debate serio sobre la pena de muerte", apuntó la ministra, que rechazó hablar de sus convicciones personales sobre el tema.
Las organizaciones defensoras de los derechos humanos tenían esperanza de que la llegada de Chiba al Ministerio de Justicia, en septiembre pasado, implicase la declaración de una moratoria en la aplicación de la pena de muerte, previa a su abolición definitiva.
Después de valorar favorablemente ayer que hubiese pasado un año sin penas máximas en Japón, Amnistía Internacional (AI) tuvo de nuevo que lamentar "profundamente" el reinicio de las ejecuciones en Japón.
AI expresó su "decepción y enfado" con la decisión de la ministra de Justicia, que no esperaban, y consideró que, antes de abrir un debate público sobre la pena de muerte, es preciso paralizar las ejecuciones.
"Ha sido un gran revés. Creemos que las dos ejecuciones han estado motivadas políticamente", dijo a Efe una portavoz de AI en Tokio.
El ministro portavoz de Japón, Yoshito Sengoku, salió en defensa de Keiko Chiba, de quien dijo que ordenó los ajusticiamientos "de acuerdo con la ley y en cumplimiento de su deber".
Hasta la fecha, la última vez que se había aplicado la pena de muerte en Japón fue el 28 de julio de 2009, cuando tres reos -dos japoneses y uno chino- fueron ahorcados con el Partido Liberal Demócrata (PLD) aún en el poder.
