El permanente «día de la marmota» en el que vive el Hércules por sus deudas e incumplimientos de pago ofrece este año diferentes variantes en la forma y en el fondo con respecto a la anterior edición del verano pasado. En primer lugar, el portavoz de la situación angustiosa es otro, el presidente Quique Hernández, mucho más ponderado y capaz de alcanzar acuerdos que su antecesor, el siempre volcánico Juan Carlos Ramírez, convertido ahora en inversor de segunda fila sin derecho a foto, pero aún con margen de maniobra para desestabilizar al director deportivo Javier Portillo.
Y en cuanto al fondo del asunto, la mayor novedad con respecto a anteriores episodios son los siete millones que el Hércules debe devolver a la Generalitat Valenciana por exigencia de la Unión Europea por considerar ayudas ilegales el tristemente famoso aval de 18 millones de euros concedido por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) a la Fundación del club en 2010 para sufragar supuestamente la ampliación de capital.
En este nuevo escenario de imposible resolución a corto plazo -es decir, pasar de una deuda de cuatro millones a otra de 11 millones- el nuevo mandatario blanquiazul ha hablado abiertamente, y por vez primera, de instar la liquidación de la entidad si la UE no le concede la suspensión cautelar de la devolución al contado de los siete millones o si el Consell de la Generalitat no se aviene a negociar un calendario para pagar esa cantidad.
Como quiera que Bruselas y Luxemburgo son inmunes a cualquier tipo de presión, Quique Hernández introduce el elemento sentimental de intentar llegar al centenario del club y traslada una parte de la responsabilidad sobre la supervivencia al mismísimo presidente de la Generalitat.
El Hércules se fija en el trato deferente que Ximo Puig dispensa al Valencia CF en su intento de aplazar la devolución de los 24 millones que le reclama Bruselas por las mismas ayudas ilegales y exige al Consell igualdad de condiciones.
En esta estrategia de presión al Consell subyace la convicción de los dirigentes del club alicantino de que la Generalitat no llevará nunca un club histórico a la desaparición. Y menos a las puertas de una campaña de comicios municipales y autonómicos con la reelección en juego.
Experto en dilatar y demorar al máximo los plazos de pagos, el empresario Enrique Ortiz está dispuesto a apurarlos una vez más y desatender los requerimientos del desembolso de los siete millones al IVF que pueden hacerse efectivos el próximo 5 de julio.
De modo que la autoliquidación anunciada por Hernández también suena a estrategia porque cuentan con que el Consell no pedirá la ejecución y con que esa nueva deuda contraída con la Generalitat pasará al departamento correspondiente de Hacienda, que se encargaría de recaudar no cuatro, sino 11 millones en total. Salvando las distancias, como sucede con las multas impagadas de tráfico.
¿Y qué ganaría con toda esta maniobra el Hércules? Como mínimo, tiempo. Lo que viene intentando en los últimos años con la esperanza de acertar una temporada con el equipo, volver al fútbol profesional después de cinco años seguidos en el pozo de la Segunda B y amortizar todo lo que se pueda de la deuda con los ingresos de la televisión.
Y frente a los lamentos y las maniobras del club, Hacienda calla. Embargó las taquillas y otros créditos en 2017 y ahora puede hacer otro tanto con los abonos de la nueva campaña, pero tampoco apretará la soga de la liquidación de momento. Eso sí, todo apunta a que algún día más o menos cercano pondrá a Ortiz contra la espada y la pared: «O pagas tres de los 11 millones que debes o tú serás el enterrador del Hércules». Y ese día se espantará la marmota y el empresario deberá retratarse.
