El Hércules y Manuel Illueca, director del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), tendrán que verse las caras en los tribunales a cuenta de la subasta del 88% de las acciones del club blanquiazul. El banco del Consell declaró ayer «quebrada» la puja pública, ganada en su día por el presidente blanquiazul Juan Carlos Ramírez, que estaba dispuesto a abonar 508.150 euros para hacerse con el control del Hércules. Pero el empresario vasco denuncia que Illueca le pidió 100.000 euros «en un despacho y sin ninguna justificación». El presidente blanquiazul reclamó en repetidas ocasiones el desglose de esta cantidad, pero el director del IVF no se lo facilitó, por lo que se levantó de la mesa y emprendió viaje de vuelta a Alicante, no sin antes levantar acta notarial de lo sucedido.

Illueca ya dejó meridianamente claro el mismo miércoles que no había marcha atrás en el proceso y ayer confirmó, a través de su cuenta de Twitter, que la subasta quedaba «quebrada», por lo que Ramírez perdía los 25.000 euros depositados como fianza.

Un par de horas antes de este anuncio, el Hércules envió un requerimiento para que el banco del Consell proceda en diez días al otorgamiento de la escritura pública de compraventa del 88% de las acciones, algo que, a la vista de los acontecimientos, la cabeza visible del IVF no tuvo en cuenta.

Ramírez se encerró ayer durante varias horas con sus asesores jurídicos y a última hora de la mañana se mostró convencido de que la razón le asistía ya que en los procesos de adjudicación sólo se pueden repercutir los gastos notariales, que en ningún caso pueden alcanzar los 100.000 euros. El presidente del Hércules insiste en que el miércoles estaba dispuesto a pagar al notario, tras la firma, el gasto generado, pero su sorpresa fue que Illueca le reclamó 100.000 euros en una conversación cara a cara. El empesario vasco denuncia que todavía sigue esperando el desglose de esos gastos y tiene el convencimiento de que responden a procedimientos anteriores y no al actual.

«Extralimitado»

Ramírez considera que Illueca se ha «extralimitado» y llevará el caso a los tribunales. Por su parte, el director del IVF no quiso responder públicamente a las acusaciones y se limitó a asegurar que esos 100.000 euros los fija el procurador y los abogados. Y desde el banco del Consell se limitaban ayer a asegurar lo siguiente: «El Instituto Valenciano de Finanzas no va a aceptar amenazas de nadie y está volcado en la defensa de los intereses de todos los ciudadanos. El IVF actúa con transparencia, con rigor y con responsabilidad».

Y añadía: «En ese sentido, ante las acusaciones, mentiras y falsedades vertidas por el señor Ramírez en las últimas horas, el director general del IVF se reserva el derecho de acudir a los tribunales para defender su honorabilidad y la de la institución que dirige».