La renuncia a última hora del presidente del Hércules, Juan Carlos Ramírez, a firmar la escritura de compraventa de las acciones del Hércules por considerar excesivos los costes notariales de 100.000 euros cayó como un jarro de agua fría en la alcaldía del Ayuntamiento de Alicante, cuyo titular, el socialista Gabriel Echávarri, se ha empleado a fondo en los últimos meses para intentar propiciar un acuerdo.

Echávarri no quiso hacer declaraciones en primera persona hasta conocer a fondo las explicaciones de las dos partes en litigio -Ramírez y el director del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Manuel Illueca-, pero su entorno confirmó «la estupefacción e incredulidad» del primer edil al verse frustrado un acuerdo que se daba por hecho y que se presentaba como clave para asegurar la supervivencia de un club acuciado por deudas multimillonarias.

Subasta «quebrada»

Mientras, el IVF informó a última hora de ayer de que Illueca declarará hoy formalmente «quebrada» la segunda subasta del crédito contra la Fundación Hércules y el 15% de las acciones del club «por incomparecencia de una de las partes». Cualquier propuesta alternativa para desbloquear la venta de los títulos debe autorizarla a partir de ahora el consejo general del IVF y nunca por debajo de los 508.150 euros.