El presidente Juan Carlos Ramírez y el empresario Enrique Ortiz han comprado el Hércules por 508.150 euros. Así lo ha confirmado este miércoles el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) tras resolver la segunda subasta del 88% de las acciones del club alicantino.

La oferta de los dos empresarios, presentada por la sociedad Kuntajara S.L.U. de Ramírez es la única que concurrió a esta segunda subasta tras quedar desierta la primera puja convocada en julio por un precio de salida de 597.000 euros.

Tras confirmar la adjudicación por cuatro euros más del precio de salida, fijado en 508.146 euros, el IVF emplaza a la sociedad Kuntajara a comparecer el próximo día 27 en una notaría de Valencia para otorgar la escritura pública de venta del crédito y las acciones del Hércules.

El IVF puso a la venta un lote compuesto por el derecho de crédito de 15,4 millones de euros del IVF frente a la Fundación Hércules -por el que están embargadas el 72% de las acciones del club- y, por otro lado, por el 15% de los títulos de la entidad que se adjudicó el Instituto en febrero junto al Rico Pérez en la subasta concursal de los bienes de Aligestión, la empresa ligada a Ortiz anterior propietaria del estadio. En total, casi el 88% de las acciones del club.

Ramírez, con la anuencia de Ortiz, anunció reiteradamente que estaba dispuesto a abonar 300.000 euros por la mayoría accionarial del Hércules, pero el director general del IVF, Manuel Illueca, optó por su vía garantista y «de transparencia» y encargó una tasación del valor del Hércules CF a la consultora externa OnetoOne Corporate, que lo fijó en los citados 597.819 euros.

Consumado el fiasco de la primera subasta, el banco del Consell convocó una segunda y última puja con un precio de salida que rondará los 508.000 euros, es decir, 90.000 menos que el inicial por el descuento del 15%.

De confirmarse que Enrique Ortiz y Juan Carlos Ramírez se convierten en los nuevos máximos accionistas, la hoja de ruta que tienen por delante no es sencilla. Realizarán una operación acordeón para reducir el capital social a cero y después realizar una ampliación.

Además, el club debe avalar 4,3 millones ante la Agencia Tributaria y también hacer frente a los 6,9 que probablemente toque devolver al Consell por recibir ayudas ilegales de estado en condiciones fuera de mercado. Bruselas fallará en breve en este sentido.