El presidente del Hércules Juan Carlos Ramírez confirmó ayer en el estadio Rico Pérez que él y su socio Enrique Ortiz habían presentado su oferta al Institituto Valenciano de Finanzas (IVF) para hacerse con el 88% de las acciones del club blanquiazul. La subasta finalizó a las 15.00 horas y todo parece indicar que la oferta de Ramírez y Ortiz será la única puesto que la primera subasta ya quedó desierta. En esta segunda se rebajó el precio de salida inicial hasta los 508.000 euros. A lo largo de esta mañana se conocerá el ganador y el banco del Consell no quiso desvelar ayer si había recibido más propuestas.

El IVF puso a la venta un lote compuesto por el derecho de crédito de 15,4 millones de euros del IVF frente a la Fundación Hércules -por el que están embargadas el 72% de las acciones del club- y, por otro lado, por el 15% de los títulos de la entidad que se adjudicó el Instituto en febrero junto al Rico Pérez en la subasta concursal de los bienes de Aligestión, la empresa ligada a Ortiz anterior propietaria del estadio.

Ramírez, con la anuencia de Ortiz, anunció reiteradamente que estaba dispuesto a abonar 300.000 euros por la mayoría accionarial del Hércules, pero el director general del IVF, Manuel Illueca, optó por su vía garantista y «de transparencia» y encargó una tasación del valor del Hércules CF a la consultora externa OnetoOne Corporate, que lo fijó en los citados 597.819 euros.

Consumado el fiasco de la primera subasta, el banco del Consell convocó una segunda y última puja con un precio de salida que rondará los 508.000 euros, es decir, 90.000 menos que el inicial por el descuento del 15%.

De confirmarse que Enrique Ortiz y Juan Carlos Ramírez se convierten en los nuevos máximos accionistas, la hoja de ruta que tienen por delante no es sencilla. Realizarán una operación acordeón para reducir el capital social a cero y después realizar una ampliación. Además, el club debe avalar 4,3 millones ante la Agencia Tributaria y también hacer frente a los 6,9 que probablemente toque devolver al Consell por recibir ayudas ilegales de estado en condiciones fuera de mercado. Bruselas fallará en breve en este sentido.