Una vez desbloqueado el trámite y adjudicada por decreto judicial la propiedad del estadio Rico Pérez y de un 15% de las acciones del Hércules, el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) ultima los planes para subastar el 85% de los títulos del club blanquiazul que obran en su poder. El banco de la Generalitat ya tiene decidido encargar un informe pericial «externo e independiente» para fijar el precio de salida del paquete accionarial de la entidad, por el que los empresarios que «mueven los hilos» del Hércules, Enrique Ortiz y Juan Carlos Ramírez, están dispuestos a ofrecer unos 300.000 euros.

En cuanto al estadio, adjudicado al IVF por 3,75 millones -la cuarta parte de su valoración en la subasta celebrada en febrero pasado-, el Instituto descarta la posibilidad de ponerlo a la venta a corto plazo y cederá por cinco años la gestión de su uso al Ayuntamiento de Alicante para que fije un canon y controle la utilización del reciento deportivo. El Rico Pérez es la «casa» del Hércules desde su inauguración en 1974, aunque el IVF es ya su cuarto propietario «in pectore».

Una vez garantizada la titularidad pública del coliseo blanquiazul, el siguiente «caballo de batalla» es la mayoría accionarial del Hércules CF, una Sociedad Anónima Deportiva (SAD) con múltiples problemas financieros que amenazan su supervivencia. De hecho, la entidad está en causa de disolución con un patrimonio neto deficitario de casi 18 millones de euros.

La deuda más apremiante para el club alicantino es la que mantiene con Hacienda, de casi cuatro millones de euros, aunque el citado tándem empresarial Ortiz-Ramírez negocia un nuevo acuerdo singular de pagos más acorde a las penurias de la Segunda B en la que milita el equipo tras desembolsar a comienzos de mes 560.000 euros de las cuotas mensuales impagadas desde septiembre a la Agencia Tributaria. Los empresarios que controlan el club condicionan el nuevo acuerdo con el fisco a la previa adjudicación de la mayoría accionarial del club, por lo que urgen al IVF a que convoque la subasta pública del citado 85% de las acciones, por las que están dispuestos a pagar unos 300.000 euros.

Ahora bien, el precio de salida de los títulos a subastar deberá fijarlo un «experto externo e independiente», según el IVF, cuyos planes iniciales pasaban por pedir cinco millones de euros por ese 85% de las acciones en su estrategia de recuperar el máximo posible de los 18 millones de euros avalados por el Instituto en 2010 y que no devolvió la Fundación Hércules. «Necesitarmos saber qué vale ese crédito y por eso buscamos la opinión de un perito con plenas garantías», explicaron ayer fuentes del Instituto de Finanzas, que confirmaron que la Comisión de Competencia de la UE ya ha dado «luz verde» a esta operación de tasación externa del valor del paquete accionarial.

En su decreto de adjudicación del estadio y las acciones al banco del Consell, el juzgado de lo Mercantil 2 de Alicante concluye que «la mejor solución, por única, es la que se ha producido», al tiempo que rechaza la tesis contraria de Aligestión sobre un posible enriquecimiento injusto del postor.