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Los muertos no pagan

Hacienda aprieta la soga del Hércules pese a que el club ha abonado 10,2 millones en cuatro años

Aspecto del Rico Pérez en el partido contra el Cádiz del pasado curso. JOSE NAVARRO

Acuciado por el fracaso deportivo de otra temporada en Segunda B -de no mediar un improbable milagro deportivo en estas últimas siete jornadas- y por su agónica situación económica, patrimonial y financiera, el Hércules se enfrenta esta primavera incierta a uno de los momentos más críticos de sus 95 años de historia.

Cuando las negociaciones con el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) por el impago de los 18 millones de euros del aval a la Fudación del Hércules parecían encauzadas, cuando se discute con el banco del Consell la recompra del estadio Rico Pérez y del paquete accionarial mayoritario del club y cuando la amenaza de la guillotina de la reclamación de la Unión Europea de 6,9 millones de euros por las ayudas estatales parece bajo control, resulta que es la Agencia Tributaria la que aprieta la soga que amenaza seriamente la supervivencia del club alicantino.

Nadie puede cuestionar que la Hacienda pública cumpla su obligación de exigir que el Hércules, como todo contribuyente, se ponga al día de sus obligaciones fiscales. Faltaría. Lo único que se echa en falta en este caso es más cintura y menos rigor por parte del fisco, habida cuenta de los agravios comparativos y las circunstancias que rodean el endeudamiento de Hércules, en los que a continuación nos detendremos.

Pero es que nadie mejor que la Agencia Tributaria para saber que los muertos no pagan y que Hacienda no mata a sus deudores porque esa muerte es garantía segura de impago. Y al paso que va la dirección general de recaudación de Grandes Contribuyentes, al Hércules lo mata en cuestión de meses la AEAT.

Veamos... El convenio firmado por el club alicantino con la Agencia Tributaria en 2013 hacía frente a una deuda de 10,4 millones de euros por parte de la entidad, que satisfizo en primera instancia dos millones por medio de un talón. El acuerdo estipulaba el pago de 170.000 euros al mes si el equipo militaba en Primera División y 80.000 mensuales en Segunda A y Segunda B.

En aquellos tiempos, no tan remotos, el Hércules veía como un objetivo razonable perpetuarse en el fútbol profesional y aspirar a la máxima categoría. De hecho, en la 2010-11 había militado en Primera y en la siguiente, 2011-12, cayó en la promoción de ascenso con el Alcorcón.

Ese estado de optimismo y de exceso de confianza en sus posibilidades fue el gran error negociador de la entidad blanquiazul, que no contempló en el convenio con la AEAT la posibilidad de que el equipo bajara a los infiernos de la Segunda B, categoría en la que la capacidad de generar ingresos para cumplir con los pagos se desploma. Mientras en Segunda A los clubes ingresan un mínimo de seis millones de euros por temporada sólo de derechos televisivos, el Hércules apenas genera en Segunda B un millón, que es prácticamente la misma cifra que el convenio de Hacienda le obliga a pagar: 960.000 euros, a razón de 80.000 al mes.

Con estas cifras, el club es completamente inviable en Segunda B y se puso manos a la obra para intentar renegociar las condiciones del convenio a fin de minorar las cantidades a pagar en la categoría de bronce y afrontar el grueso del pago de la deuda una vez se consiguiera el ansiado retorno al fútbol profesional, a imagen y semejanza de lo que se ha hecho con otros clubes históricos del fútbol español, tales como el Deportivo de La Coruña y el Cádiz.

Alcanzado ese principio de acuerdo en 2015 con los técnicos de la Agencia Tributaria para modificar el convenio, que fue avalado por la comisión delegada de la Liga de Fútbol Profesional para cambiar el acuerdo general de acreedores, es ahora la dirección general de recaudación de Grandes Contribuyentes la que pone pie en pared y tumba el salvavidas para el Hércules. Pero los muertos no pagan.

El club asegura que en los últimos cuatro años ha abonado al fisco 10,2 millones de euros: 5,6 millones del convenio y 4,6 millones en pagos corrientes como IVA e IRPF. A pesar de sus múltiples problemas de tesorería -que le han impedido pagar las seis últimas cuotas del convenio-, la entidad no ha sido denunciada por ningún acreedor, ni por proveedores, ni por sus futbolistas, que tienen garantizado ya el cobro de la actual temporada.

Llegados a este punto, el Hércules vuelve a ponerse en manos de los políticos. Pero no para solicitar nuevas inyecciones de dinero público, como sucedió en 2010 con la Generalitat del popular Francisco Camps y su barra libre de avales a los clubes, sino para que intercedan ante Hacienda a fin de que afloje la soga y permita la supervivencia de la entidad.

Bajo el principio de que a ningún acreedor le interesa un deudor muerto, el Hércules defiende que tiene sobradamente acreditada su voluntad de cumplir con Hacienda y demás acreedores y reclama un calendario flexible de pagos que se ajuste a la categoría en la que milite el equipo con el compromiso de liquidar esos cuatro millones pendientes en el primer año de vuelta en el fútbol profesional.

¿A quién le interesa la desaparición de un club histórico y el cierre de un estadio mundialista como el Rico Pérez? ¿Es lo más razonable liquidar la entidad y que no cobre nadie? Hacienda acosa, persigue y presiona a sus deudores, pero no los mata.

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