El alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, se mostró ayer satisfecho con la sentencia que obliga a la Generalitat a pagar 1,8 millones de euros al Hércules por el patrocinio de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (SPTCV) al equipo entre 2012 y 2014. El primer edil señaló que el Consell «desde el respeto a las decisiones judiciales, tiene que pagar», y confió por ello en que lo haga. Además, consideró que el fallo «viene en un buen momento» para el club dada su situación económica, según indicaron fuentes del Ayuntamiento.
La posición del alcalde resulta aparentemente paradójica con la expresada por su propio partido en la Generalitat, aunque concuerda con el tono conciliador que Echávarri viene mostrando en las últimas semanas. El director general de la SPTCV, el también socialista Antonio Rodes, tachó de «golfada» y de «forma inconveniente de derrochar el dinero público» el contrato de patrocinio entre esta entidad y el Hércules, el cual, añadió, era «absolutamente innecesario».
El responsable autonómico cargó contra el anterior gobierno del PP e insistió en que «la SPTCV no tenía nada que promocionar ni publicitar», e incluso se preguntó si la misión de aparecer en la camiseta del Hércules era hacer visible «la corrupción». Rodes hizo hincapié en su «desacuerdo» con la sentencia y anunció que estudiarán las posibles vías para recurrirla. Con todo, se felicitó de que el juzgado ordene pagar al Hércules «la mitad de lo que pretendía», ya que el conjunto reclamaba 3,3 millones de euros.
En términos parecidos, aunque no tan contundentes, se mostró Compromís, socio de gobierno del PSPV en la Generalitat. El síndic de este partido en las Cortes, Fran Ferri, consideró que la sentencia es «una muestra más de cómo aún estamos pagando la hipoteca de 20 años de mala gestión de gobiernos del PP». El diputado recordó que en esa época el presidente autonómico era Francisco Camps, a quien la actual presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, «tiene como referente».
Por su parte, el portavoz de Podemos en las Cortes, Antonio Montiel, consideró que, aun sin conocer los detalles concretos del contrato al que se refiere la sentencia, «se evidencia una escasa claridad en los términos del patrocinio», y que eso «se prestaba a generar tanta confusión interpretativa». A eso se añade, según el síndic de la formación morada, «una escasa capacidad de negociación del anterior gobierno, que llevó a que se judicializasen las diferencias». Ahora, dijo, habrá que esperar a «la decisión final del Supremo» para clarificar el coste de «una decisión de una empresa pública que se ha caracterizado por sus errores y por los escándalos».
«Cumplir los contratos»
La lectura del fallo judicial fue distinta por parte del PP y Ciudadanos. Ambos partidos coincidieron en señalar que la sentencia viene a recordar la obligación de cumplir los contratos. Así, el vicesecretario general del PP en la Comunidad, José Juan Zaplana, señaló que «cuando una institución firma un acuerdo con cualquier asociación -en este caso el Hércules-, las reglas del juego no se pueden cambiar a mitad de partido». En su opinión, «el Consell se tendría que haber sentado a negociar con el club». Además, consideró que «a muchos les gusta ponerse la camiseta cuando hay éxitos y quitársela cuando no van tan bien».
Por su parte, el diputado autonómico de Ciudadanos Emigdio Tormo apuntó también que «los contratos están para cumplirlos», y que «lo más conveniente» habría sido «llegar un acuerdo» antes de ir a juicio. Tormo también defendió que «pasear el nombre del Hércules por toda España cuando estaba en Primera» supuso «un estímulo no solo para la ciudad, sino para toda la provincia», y que la presencia en Alicante de grandes clubes produjo «un importante movimiento económico».
