«Jurídicamente es imposible». Sin titubeo ni margen para la duda, Alfonso García Cortés, administrador en el proceso concursal del Hércules, desmontó el vaticinio del alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, que, en declaraciones a la cadena Cope horas antes únicamente contemplaba la devolución íntegra de los 18 millones de euros al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) por parte de los rectores del club alicantino para evitar su desaparición. Echávarri dio por hecho que en marzo la Comisión Europea resolverá el expediente abierto al Hércules y al Elche por presunta «ayuda ilegal» y en ese sentido, instó a Enrique Ortiz y Valentín Botella a «devolver» los 18 millones para evitar «la disolución» de la entidad.
Sin embargo, el proceso calculado por el alcalde no concuerda con el razonamiento jurídico aportado por García Cortés que, a preguntas de este periódico, calificó como «imposible» que la deuda con el IVF o con el Banco de Sabadell «sea exigible fuera del concurso». En ese sentido, el abogado alicantino da por sentado que, llegado el caso, si finalmente es al Hércules a quien se le reclama los 18 millones de euros, esa cifra quedaría dentro del proceso concursal, sometida a una quita y una espera idéntica a la del resto de acreedores. «El Hércules no puede ser condenado por no atender un privilegio diferente al resto de los acreedores. Concursalmente no es posible. El juez no lo admitiría nunca, el resto de acreedores montarían un escándalo», defiende García Cortés.
El abogado, asimismo, aconseja esperar al dictamen de Bruselas al no tener todavía claro a quién habría que devolver el dinero -«al IVF o al Banco de Sabadell»- y «si la responsabilidad recae en la Fundación o en el propio club». En todo caso, aunque se apunte finalmente al Hércules como deudor real -algo que sí se da por hecho- García Cortés no alberga dudas acerca de que la deuda quedaría incluida en el proceso concursal iniciado por el Hércules después de haber recibido ese dinero.
Del mismo modo, el letrado apuntó que llegado ese momento se podría iniciar una modificación del concurso por causas sobrevenidas. «Podría convocarse una nueva junta, una nueva votación para modificar las condiciones» de quita y espera, que en el actual convenio contemplan un cincuenta por cien (quita) y siete años (de espera).
«Jurídicamente no es posible exigir una deuda fuera del convenio, eso no admite dudas. No es admisible», insistió García Cortés.
En ese caso, aplicada la quita actual, la deuda del Hércules con el IVF pasaría automáticamente de 18 a 9 millones de euros.
Los fundamentos jurídicos esgrimidos por el administrador concursal chocan frontalmente con las previsiones del alcalde, que ayer no contempló en sus declaraciones que la deuda contraída con el IVF pudiera quedar incluida en el proceso concursal y, por consiguiente, dejar de ser una amenaza inminente.
