No, no, no y no. En reiteradas ocasiones ha tenido que escuchar Jesús García Pitarch, presidente del Hércules, esa rotunda negativa como respuesta a cuantas propuestas de convenio partieron desde Alicante para ser aprobadas por la Liga de Fútbol Profesional, principal acreedor en el proceso concursal al englobar el 40 por cien de la deuda. ¿Negociación? Más bien cabría hablar de imposición dado que la patronal del fútbol, aro por el que el Hércules debe pasar para no caer en causa de disolución, ha acabado imponiendo sus condiciones -leoninas, sin duda- hasta el punto de pintar un nuevo escenario post-concursal que deja al club alicantino como una entidad intervenida.
Javier Tebas, vicepresidente de la LFP, se ha mostrado intransigente. Fuentes consultadas confirman que prácticamente no ha habido lugar a la negociación del convenio dado que una y otra vez las propuestas que partían desde Alicante fueron rechazadas por Tebas, que controla la comisión designada por la patronal futbolística. El directivo de la LFP, que desde hace años tiene a Enrique Ortiz en su punto de mira, acabó dejando claro que las condiciones iban a ser las que la organización que representa los clubes, en su condición de principal acreed0r, impusiera. Y así ha sido.
Para comenzar, el Hércules quedará, de facto, intervenido, fiscalizado por un supervisor que escogerá la LFP para vigilar, controlar y aprobar todo gasto que quiera realizar que supere los 50.000 euros. Desde el propio club se apuntaba ayer que ese supervisor (o supervisores) que designe la patronal futbolera tendrá "más poder" que los miembros del consejo del Hércules y, por contra, "ninguna responsabilidad".
Otra fuente consultada que ha seguido de cerca la negociación ironizaba ayer sosteniendo que los consejeros herculanos, tras el convenio que se han visto obligados a firmar, quedan autorizados para "pagar la fruta" del equipo y poco más.
El escenario de control montado por la LFP para que el Hércules no se salte el calendario de obligaciones de pago entraña el peligro de que el supervisor designado sea un directivo de un rival directo del club alicantino. En ese sentido, cabría preguntarse qué grado de hostilidad o permisividad ofrecería en este proceso el director general del Ponferradina, Mirandés o de alguno de los equipos que pueden estar jugándose la permanencia con el Hércules en 2013 si son designados para aprobar o no lo que la directiva alicantina proponga.
En este marco también se le complican las cosas a Pitarch para llevar adelante sus planes de poner en marcha un Expediente de Regulación de Empleo, toda vez que la comisión designada por la LFP mirará con lupa el coste de toda operación, previendo, lógicamente, un hipotético recurso ante los tribunales que podría dar la razón al despedido y, por consiguiente, una indemnización mayor a la que se pueda estipular en un primer momento. Dado que para meterse en este fango, el presidente del Hércules también necesitará la autorización del "supervisor" que le aguarda, el camino que tenía trazado para despedir a Sergio Fernández, Carmelo del Pozo y otros empleados del club puede sufrir un serio revés.
Accionariado
Por otro lado, otras fuentes consultadas aseguraron que la LFP no va a permitir que la capitalización que se pretende llevar a cabo para cambiar deudas por acciones varíe el panorama accionarial que ahora rige el club alicantino, cuya porción mayoritaria pertenece a la Fundación Hércules. En ese sentido, la patronal futbolística contempla poner en marcha una estrategia para impedir que Ortiz retome el control accionarial cambiando en una ampliación de capital la deuda que se le declaró subordinada por títulos de la entidad.
IVF
Paralelamente, un portavoz autorizado del Instituvo Valenciano de Finanzas aseguró ayer a este periódico que este organismo no ha llegado a ningún pacto con el presidente del Hércules, contrariamente a lo que declaró Pitarch a un grupo de periodistas el pasado lunes, ante los que afirmó que había dejado encauzado un acuerdo acerca del calendario de pago de los 18 millones avalados en su día por el Consell.
