"Nuestros servicios jurídicos están estudiando el asunto. El camino a seguir contempla la pignoración de las acciones de la Fundación Hércules". Escueta, pero concisa, ésa fue ayer la respuesta oficial del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), organismo dependiente de la Conselleria de Economía de la Generalitat Valenciana, como reacción a la estrategia planteada por Enrique Ortiz para eludir la devolución de los 18 millones de euros que el IVF avaló en 2010 para que se le concediera un crédito al Hércules. Queda claro, pues, que el organismo público no se va a cruzar de brazos mirando cómo le escamotean la millonaria cifra prestada por la CAM con su aval.

En ese escenario, la interrogante que aparece inmediatamente después resulta obvia: Una vez pignoradas las acciones, convertida de hecho y de derecho en máxima accionista ¿tomará la Generalitat el control del club colocando al frente un equipo gestor de su confianza? No hubo respuesta por parte del interlocutor del IVF, pero de nuevo aquí aparece otra obviedad: ¿Por qué el organismo público estudia pignorar unas acciones si no es para ejercer posteriormente el poder que le confiere la mayoría accionarial en el órgano directivo? En ese caso, sólo tendría que convocar un patronato de la Fundación y designar patronos afines para apartar a Ortiz de la gestión del Hércules, en clara minoría tras la nueva composición accionarial.

Lo cierto es que al Consell no parece quedarle otro camino. Al parecer, Ortiz le metió un gol por la escuadra en el contrato suscrito en su día para trasladar el dinero. Aligestión, sociedad propietaria del estadio Rico Pérez, contravaló la operación únicamente de forma transitoria, mientras se completaba la ampliación de capital que dejaba a la Fundación como máxima accionista del Hércules. Una vez consumado aquel proceso, Aligestión quedaba libre de esa carga y el Consell pasaba a disponer únicamente a modo de contraval de la posibilidad de pignorar las acciones. Con ello, si finalmente recorre esa vía, la Generalitat pasará a controlar de hecho el 83 por cien de los títulos del club alicantino, mientras que Aligestión mantendrá alrededor del 17 por cien.

No sería la primera vez, por otro lado, que el Consell toma cartas en el asunto para poner orden en clubes valencianos eligiendo nuevos gestores. Lo hizo en el Valencia, designando a Manolo Llorente como presidente una vez se puso fin a la nefasta etapa de Juan Soler y tras avalar 54 millones de euros para rescatar al club de Mestalla. Y repitió actuación en el Levante, "fichando" a Quico Catalán para gestionar a la entidad granota -arrasada por Pedro Villarroel- y a la que también se le concedió un crédito de 5,6 millones con la mediación de IVF.

Tanto el Valencia como el Levante están cumpliendo con las cuotas de devolución pactadas en su momento, así como el Elche, que recurrió al mismo procedimiento y que ya ha abonado en varios plazos parte de los 14 millones que le fueron concedidos. En cambio, el Hércules no sólo incumplió a partir del primer plazo -una cuota de 500.000 euros a la que no hizo frente- sino que ya ha dejado claro que no tiene intención de zanjar esa cuenta pendiente.

Las comparaciones añaden más gravedad al caso herculano si se tiene en cuenta que la millonaria aportación realizada en 2010 no fue empleada para zanjar en su totalidad la deuda que el Hércules tiene contraída con Hacienda, organismo que reclama diez millones de euros al club alicantino. También aquí queda en mal lugar la gestión herculana con respecto a la ilicitana, cuyo presidente, Pepe Sepulcre, borró los 7 millones de euros que el Elche mantenía en rojo con Hacienda y los 500.000 que reclamaba la Seguridad Social nada más recibir el crédito avalado por el Consell.