22 de octubre de 2018
22.10.2018
Vivienda

¿Y qué pasa ahora con el impuesto de la hipoteca?

Análisis de los escenarios que se plantean y de las autonomías más afectadas por la situación

22.10.2018 | 16:33
Las hipotecas en España descansan en el limbo.

Las hipotecas en España siguen en el terreno de la incertidumbre. A día de hoy siguen fuera de servicio los simuladores de préstamos hipotecarios de muchas entidades bancarias y desde asociaciones como Facua se denuncia que se está paralizando la firma de hipotecas que estaban previstas para los próximos días y semanas. El Supremo resolverá el próximo 5 de noviembre sobre la controvertida sentencia de la semana pasada que atribuía a la banca el pago del impuesto de las hipotecas.

En juego, calculan los bancos, podría haber hasta 25.000 millones de euros en devoluciones si se decide que el fallo de la sentencia es retroactivo. De tal magnitud es un problema que también podría desbordar al sistema judicial. El viernes Adicae instaba al Gobierno y al banco de España a intervenir para evitar el absurdo de que seis millones de clientes tuvieran que ir a reclamar judicialmente y de forma individual la devolución de su dinero.

Incluso antes de la aclaración de la sala del Supremo las dudas eran ya muchas: ¿Quién puede reclamar?, ¿ante quién?, ¿desde cuándo?, etc. Facua decía el viernes que se reclamase la devolución a Hacienda si se firmó la hipoteca en los últimos cuatro años o a los bancos si ha pasado más tiempo.

Por su parte, los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) cifran en 3.631 millones de euros el importe abonado por 1,5 millones de contribuyentes por el impuesto asociado a las hipotecas en los últimos cuatro años, que es el periodo no prescrito, una cantidad que podrían reclamar si finalmente el Tribunal supremo decide que son los bancos quienes tienen que abonarlo.

Por territorios, Andalucía sería la autonomía donde más afectados la podrían solicitar, donde desde octubre de 2014 hay un total de 292.970 deudores, mientras que la Ciudad Autónoma de Ceuta la que menos, con 1.736 deudores en los últimos cuatro años.

En un comunicado, Gestha detalla que las hipotecas firmadas entre octubre de 2014 y julio de 2018 son las que no han prescrito desde el punto de vista fiscal y por tanto aquellas en las que es posible el recurso ante las haciendas autonómicas por el pago del impuesto de actos jurídicos documentados.

Además, otros 13,4 millones de hipotecados -los que firmaron sus contratos entre enero de 2003 y septiembre de 2014- podrían reclamar a los bancos por la vía judicial otros 25.657 millones de euros abonados por este concepto.
Gestha explica en el comunicado que si finalmente el Supremo mantiene que los bancos paguen este impuesto, las reclamaciones de los últimos cuatro años deben dirigirse a las haciendas autonómicas, ya que se trata de un impuesto cedido.

A partir de ese momento, las haciendas autonómicas realizarán un procedimiento de comprobación tributaria y notificarán una liquidación espejo a la entidad financiera correspondiente, a la que exigirán el mismo importe y los intereses de demora.

En el caso de las hipotecas firmadas hace más de cuatro años, los técnicos han solicitado a los bancos que devuelvan las cantidades de manera voluntaria y no obliguen a los ciudadanos a pleitear, lo que constituye un proceso "más farragoso, largo y costoso".

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook