Hacia una modelo de gestión de calidad de las áreas industriales

Peor aún, apenas un 15% de las áreas empresariales de la Comunitat Valenciana cuentan con un ente gestor, generalmente una asociación voluntaria, las cuales subsisten a duras penas con un raquítico respaldo legal y pésimos recursos económicos ya que el asociacionismo empresarial, ojo al dato, rara vez supera el 25% en las áreas empresariales.

Y es que nos olvidamos que nuestras áreas empresariales, en la práctica «infraestructuras económicas básicas de interés general», desempeñan una función estratégica en la correcta localización de las actividades económicas en el territorio y las empresas que se ubican en ellos contribuyen decididamente a la creación de empleo y riqueza, generando carca del 50% del PIB del Estado.

Por todo esto, resulta muy acertado que el proyecto de Ley de la Generalitat, de Gestión, Modernización y Promoción de las Áreas Industriales de la Comunitat Valenciana regule «ex novo» la figura jurídica «Entidad de Gestión y Modernización», en adelante EGM, propuesta innovadora en el ordenamiento jurídico español.

La piedra angular de la EGM, además de tener un funcionamiento democrático y representación proporcional, es la obligatoriedad de pertenencia de la totalidad de las personas titulares de derechos en el área empresarial, eso sí, con el requisito indispensable de que al menos 51% de la propiedad y usuarios de un área empresarial ratifique su creación.

Pero ¿por qué ha de ser la EGM de adscripción obligatoria? Evidenciadas las debilidades del asociacionismo, es necesario constituir entidades administrativas de pertenencia obligatoria que permitan garantizar el equilibrado reparto de cargas entre las parcelas y empresas de un área empresarial, evitando una morosidad indeseable.

Obviamente no es posible obligar a formar parte de una asociación voluntaria a ninguna empresa y así se origina el efecto polizón, que caracteriza a aquellas empresas de un parque empresarial que se benefician de los logros y servicios de valor añadido conseguidos por una minoría concienciada e implicada sin compartir ni esfuerzos ni gastos. Es patente la necesidad de que en las áreas empresariales se concrete a través de la EGM que las empresas y usuarios realmente forman parte de una auténtica comunidad de vecinos, que comparten problemas y oportunidades.

Por otra parte, los parques empresariales son el último barrio de cada ciudad. Son evidentes los desequilibrios entre fiscalidad municipal soportada en un parque empresarial y los servicios urbanos recibidos. Es unánime la reivindicación de las entidades gestoras de áreas empresariales manifestando su contrariedad por la diferencia entre «lo que pagan» y los escasos servicios que reciben.

Ante ello, otro importante avance de la futura ley es que regula las EGM partiendo de los intereses comunes de las empresas en la gestión adecuada del área empresarial, esto es, una infraestructura común muy compleja y costosa de gestionar, ante la cual ni el Ayuntamiento por sí solo, ni las empresas por su propia cuenta pueden hacerse cargo. Para ello el proyecto de ley establece un novedoso marco de gestión basado en una colaboración público-privada mediante convenio entre dos actores: el Ayuntamiento y la EGM, único tándem que puede posibilitar la regeneración y mejora del área empresarial.

En este contexto, la iniciativa legislativa de la Conselleria de Economía Sostenible, en la que ha realizado una magnífica labor el ilicitano Diego Maciá durante su reciente etapa como Director General de Industria y además uno de los artífices de la mejor área industrial de la Comunitat Valenciana (Elche Parque Empresarial), es muy necesaria, resolutiva y pionera en todo el estado español. Supondrá un antes y un después en la gestión de las áreas empresariales de calidad.

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