El colectivo veterinario está viviendo con inusitado interés las complicadas negociaciones que mantiene el Gobierno con la oposición para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado para 2019.
¿Por qué?, pues básicamente porque -en virtud del pacto cerrado recientemente con Podemos- estas cuentas incluyen una medida ansiada desde hace años que afectaría decisivamente a su actividad: en su partida de ingresos figurará la rebaja del IVA por los servicios veterinarios del 21% al 10%.
El nuevo presidente del Colegio de Alicante (Icoval), Gonzalo Moreno del Val, exige ir más lejos: “Salgan o no adelante estos presupuestos, el Gobierno deberá bajar este impuesto porque el impacto en la recaudación sería nulo y el beneficio en el sector, la salud pública o en las economías de casi la mitad de las familias del país -las que ya tienen mascotas- sería inmediato”.
Alicante fue, desde que en 2012 se incrementó -también por decreto- este tributo del 8 al 21% una de las provincias más beligerantes contra esta medida. “Desde Icoval animamos y dimos el amparo a la plataforma cívica que se creó entonces para tratar de revertir esta brutal subida.
Los colegios hemos mantenido también viva esta reivindicación pero ya no se puede jugar más con esta cuestión porque si no pudo ser en los Presupuestos de 2018, y tampoco lo fuera, finalmente, en los de 2019, el Gobierno debe considerar el poder bajarlo ya por decreto”, señala, contundente, Moreno del Val.
Efectivamente, la paciencia del colectivo veterinario -respaldado por hasta el 40% de hogares que se sabe que tienen perros o gatos en sus casas- en este asunto comienza a agotarse: en 2016 se aprobó en el Congreso una Proposición No de Ley reclamando la bajada, que no condujo a nada; en mayo de este año, justo antes de la moción de censura y en pleno debate de los presupuestos de 2018, hubo un acuerdo de casi toda la oposición, que no prosperó… Y efectivamente, como se recuerda desde Icoval, la cuestión tampoco tendría mayores consecuencias sobre las arcas públicas: según un estudio universitario elaborado a petición de CEVE, rebajar el IVA a las clínicas veterinarias a un tipo reducido permitiría incluso recaudar 5 millones de euros más a Hacienda de lo que ahora lo hace aplicando el tipo máximo.
Conscientes de esta situación, de la inestabilidad y vaivenes de la política, Icoval se ha decidido a promover un estudio -pionero en este campo- que sirva para que la ciencia acredite también el positivo beneficio de esta medida sobre la salud pública. “Quizá hemos errado en la estrategia a la hora de defender una rebaja de nuestro IVA: como científicos, como profesionales sanitarios, más allá de las palabras o de los argumentos tributarios o jurídicos -que ya se han dado- quizá teníamos que haber aportado también datos empíricos sobre cómo el tratamiento fiscal que se aplica al sector clínico también puede y de hecho influye en la salud de las personas”, explica el presidente de Icoval.
En este contexto se enmarca el acuerdo alcanzado entre este colegio y el Departamento de Sanidad Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia para acometer un estudio sobre la prevalencia de parásitos que potencialmente pueden transmitirse a las personas en los perros de esta provincia.
La investigación, que se irá repitiendo cada año, analizará los resultados de las analíticas de heces de dos grupos: perros controlados, con cuidados veterinarios y perros no controlados, procedentes de protectoras. Junto a ello, se incluirá un tercer ámbito de estudio: la recogida de excrementos y de muestras de tierra de parques y jardines públicos.
“En la mayoría de los casos esta transmisión a las personas se produce por la ingestión de formas parasitarias infectivas presentes en el medio (por contacto de las manos sucias con la boca), especialmente cuando no se llevan a cabo unas buenas medidas higiénicas y por ello suele afectar en muchos casos a los niños, sobre todo cuando juegan en suelos de tierra o arena”, aclara Moreno del Val.
La intención de Icoval es comparar los resultados entre una y otra población y evaluar la presencia de estos parásitos en espacios públicos como los citados para acreditar así que en aquellos animales con atención veterinaria y casi siempre desparasitados tienen una menor prevalencia y suponen por tanto un menor riesgo en términos de salud pública.
