Pese a ser un recurso básico, el agua no se encuentra aún al alcance de cientos de millones de personas. Todos los estudios alertan de que la escasez puede crecer a medida que se eleve el nivel de vida, se extienda el tamaño y la urbanización de la población mundial y se manifieste con mayor fuerza un cambio climático que tiene especial incidencia en los países del sur de Europa, como el nuestro.

Este escenario es uno de los retos más importantes que tenemos como sociedad, no para el futuro, sino ya en el presente. Aquí en la provincia de Alicante y en el conjunto de la Comunitat existe claramente un déficit de recursos hídricos, agudizado a causa de una sequía cronificada que afecta intensamente a nuestro medio ambiente, a la agricultura y, en mayor o menor medida, al conjunto de nuestros sectores productivos. Las sequías ya no son un hecho ocasional asociado a nuestro clima, sino que están integrándose como un nuevo fenómeno cotidiano de nuestro territorio.

Precisamente por ello, no podemos dedicarnos a observar este hecho con resignación y sin voluntad de dar soluciones. La política de brazos caídos no ha resuelto nunca los problemas, al contrario, los ha hecho más grandes. De hecho, la inercia política es el gran peligro de nuestro momento actual, dejar las cosas tal y como están o dejar que los problemas se resuelvan solos. Y esto, es especialmente grave en el caso de la política del agua.

Contra la inercia nos hemos fijado un objetivo ambicioso y compartido: conseguir un escenario de «agua para siempre». Vamos a ir hasta el límite de las competencias autonómicas y de las posibilidades económicas que marca nuestra infrafinanciación para buscar soluciones a la falta de agua. Soluciones estructurales y duraderas.

Por ello, hemos planificado actuaciones para aumentar la eficiencia del agua para el consumo, un nuevo plan de modernización de regadíos que necesitará una inversión pública y privada de 1000 millones en los próximos 20 años, y una tercera actuación para mejorar la reutilización de aguas que supondrá una inversión de 153 millones hasta 2021. Estas actuaciones pretenden hacer mejor lo que hemos hecho siempre bien en la Comunitat: aprovechar cada gota.

Y precisamente porque aquí no se malgasta el agua vamos a mantener un apoyo constante a los regantes. Lo hemos hecho solicitando un riego de emergencia para evitar situaciones irreversibles y pidiendo la supresión de las tarifas que obligaban a los agricultores a pagar más cara el agua cuando más escasa era. Hemos exigido que se cumpla el memorándum y se produzca el trasvase del Tajo. Hemos reclamado las inversiones necesarias para que las desaladoras no funcionen a medio gas, como ocurre hasta la fecha. Y además, hemos exigido que se acabe la infrainversión del Ministerio en la Comunitat, pues el Gobierno Central ha invertido en nuestra tierra solamente el 1% del total de España en 2017.

Es urgente un Pacto Nacional del Agua, pero no queremos cualquier pacto. Tiene que ser un pacto dinámico para que no quede rápidamente obsoleto y sobre todo debe elaborarse con los regantes de Alicante y del conjunto de la Comunitat Valenciana. Porque un pacto a espaldas de la realidad de las comarcas de la Vega Baja o del Vinalopó no puede tener recorrido en un país que tiene en la agricultura mediterránea un valor irrenunciable.

Nuestra posición, la que han mantenido siempre los alicantinos y sus regantes, es de lealtad. Pero esa lealtad tiene que ser de ida y vuelta. Conseguir agua para siempre es responsabilidad de todos los gobiernos, porque el agua es una de esas cosas que debe dejar de tener colores políticos.