El Juzgado de Instrucción número 2 de Ibi ha admitido a trámite una querella planteada por la empresa Grupo Generala contra la teniente de alcalde y responsable del área de Urbanismo Amparo Pina, que ha sido citada en calidad de imputada. La cuestión de fondo es un acuerdo sobre l'Alamí en el que la empresa afirma que la edil pudo cometer un presunto delito de prevaricación administrativa, extremo que la citada niega rotundamente. «Volvería a hacer lo mismo», manifestó ayer, recalcando que su resolución «cuenta con informes técnicos y jurídicos favorables».

Todo esto está relacionado con la batalla de l'Alamí. En noviembre de 2004, el Ayuntamiento adjudicaba al Grupo Generala la urbanización de esta zona, con 350.000 metros cuadrados de superficie, en la que podría llegar a construir hasta 1.000 viviendas, de las que no se ha levantado ninguna. Un contencioso por la urbanización, que no está terminada por el tendido eléctrico, ha hecho que el Ayuntamiento esté gestionando la retirada de la condición de agente urbanizador y la incautación de los avales, por 2,6 millones.

En el marco de este proceso, Grupo Generala está intentando la revocación de una resolución de Amparo Pina firmada el 21 de julio de 2014, en la que daba diez días a la empresa para reanudar la urbanización y retirar una torre eléctrica provisional, decisión que está siendo estudiada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Alicante.

De forma complementaria, la Generala ha presentado una querella contra Pina por posible prevaricación, que ha sido admitida por el Juzgado número 2; la teniente de alcalde tendrá que declarar como imputada. La empresa considera que puede haberse producido una posible prevaricación administrativa, incluso con el ánimo de favorecer a familiares de la propia Pina, propietarios de terrenos en la zona.

Amparo Pina defiende la resolución adoptada en su día, subrayando que contaba con «informes técnicos y jurídicos favorables», así como con el respaldo de grupos de la corporación. «Estoy aquí para defender los intereses generales de Ibi, no para tomar la sopa boba. De lo que se trata es de acabar la urbanización para que el Ayuntamiento pueda recepcionar las obras. Aquí, prevaricar sería lo contrario».

Para la teniente de alcalde, «está claro que la empresa está usando sus armas para conseguir sus objetivos, pero confío en que la querella se archive». Pina, por último, indicó que puso su cargo de edil a disposición de su grupo, pero que tanto el alcalde Rafael Serralta como el resto del grupo municipal del PP le expresaron su respaldo y su apoyo.