Novelda abonará cinco millones a Abanca por el Centro de Agua
El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso del consistorio, que ahora debe pagar el préstamo concedido a la empresa encargada de construir las instalaciones
El Ayuntamiento de Novelda deberá abonar a Abanca, la entidad financiera que hace 20 años concedió el préstamo a la mercantil CSAD para la construcción de Centro Salud Agua Deportivo, casi cinco millones de euros.
El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación presentado por el ayuntamiento contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que, en noviembre de 2022, falló a favor de la firma bancaria coruñesa en su reclamación al Ayuntamiento del importe del préstamo concedido a la mercantil. Esta empresa se adjudicó en 2005, durante el gobierno del Partido Popular, la construcción y explotación por 30 años de unas instalaciones deportivas que cerraron en 2010, apenas dos años después de su inauguración, según fuentes municipales.
Cabe destacar que en un primer momento, el juzgado dio la razón al consistorio, pero después el TSJ revocó esa decisión.
El importe de la deuda al que tendrá que hacer frente el Ayuntamiento es de 4.811.942 euros. El concejal de Contratación, Lluís Deltell, asegura que se trata de una "decisión judicial muy dolorosa y una losa que ha pesado sobre la ciudadanía durante las últimas décadas, fruto de una nefasta gestión económica en su concepción y edificación, en la época del desmadre urbanístico al que nos tenía acostumbrado el Partido Popular, con proyectos fastuosos y megalómanos, y de una concatenación de errores políticos del equipo de gobierno de UPyD-PP, liderado por Armando Esteve".
El concejal de Contratación ha asegurado que, una vez se cuenta con sentencia firme, el Ayuntamiento de Novelda "no renuncia a dar una salida viable al CSAD, pero siempre desde la sensatez y la prudencia".
El consistorio se encuentra negociando con la entidad bancaria la fórmula para realizar el pago de estos casi cinco millones de euros. Se barajan tres opciones: acudir al Fondo de Reestructuración del Ministerio de Hacienda para el cumplimiento de sentencias firmes; negociar con Abanca un plan de pagos o presentar al juzgado un plan de pago propio ante la imposibilidad de asumir el coste de la sentencia en un único abono.
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