Sobreseimiento provisional de las actuaciones practicadas en relación al caso de las multas de la zona azul anuladas en Aspe. Así lo ha decidido la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Novelda al considerar que no ha resultado debidamente justificada la perpetración del delito de cohecho que ha dado motivo a la formación de la causa. En virtud del auto, que fue entregado ayer a las partes, el alcalde Antonio Puerto, el exconcejal de Seguridad José Manuel García Payá, el exjefe y un exinspector de la Policía Local de Aspe quedan exonerados de la querella que interpusieron contra ellos siete agentes de la plantilla representados por el sindicato SITAP.
Tras tomar declaración a los cuatro investigados y estudiar el caso, la jueza no ha observado ninguna conducta delictiva en la actuación de ninguno de ellos. «No se aprecia que los mismos hayan solicitado o recibido dádiva, favor o retribución alguna, ni que tampoco hayan aceptado ofrecimiento o promesa para realizar, en el ejercicio de su cargo, un acto contrario a los deberes inherentes al mismo, o bien para no realizar o retrasar injustificadamente el que debiera practicar», expone la jueza textualmente en los razonamientos jurídicos del auto.
Por todo ello concluye que no existen indicios suficientes de criminalidad que puedan sostener que los investigados hubieran cometido la infracción penal objeto de investigación. Cabe puntualizar que el delito de cohecho lleva aparejadas penas de prisión de entre tres y seis años. En cualquier caso, contra esta resolución cabe recurso de reforma en el plazo de tres días y recurso de apelación en el plazo de cinco días. Una prerrogativa a la que se van a acoger los agentes de la Policía Local que presentaron la querella.
Como este diario publicó el pasado miércoles, el alcalde de Aspe y el exedil de Seguridad, ambos de IU, declararon un día antes ante la jueza en relación a este caso. Fue en el pasado mes de enero cuando la Fiscalía remitió al juzgado la querella que siete agentes de la Policía Local interpusieron en septiembre de 2019 por la supuesta decisión de anular, de manera presuntamente arbitraria, 140 expedientes sancionadores abiertos en abril de 2018 contra los conductores que no habían respetado el tiempo máximo de la zona azul. Un sistema que el Ayuntamiento implantó en 2012 para controlar el estacionamiento de vehículos. Pero en este caso con el agravio comparativo de que algunas de las multas, cuyo importe ascendía a 20 euros, fueron eliminadas mientras otras se pagaron. En su declaración del pasado martes Puerto recordó que cuando se produjeron los hechos no podía ni firmar ni quitar sanciones porque la Alcaldía estaba en manos de la socialista María José Villa.
En su opinión el objetivo que perseguían los denunciantes era poner a la población en contra del gobierno de PSOE-IU. Algunos de esos agentes no habían interpuesto casi ninguna sanción en siete años, y en apenas un mes llegaron a formalizar hasta catorce. Puerto también explicó a la jueza que nunca ha dado una orden a un policía para que incumpla con sus funciones en materia sancionadora, que ni él ni sus concejales se han beneficiado de esta situación, que la avalancha de multas se produjo durante el mes destinado únicamente a informar a los conductores sobre el uso adecuado de la zona azul y que todo responde a un conflicto con parte de la Policía Local al haberle negado el gobierno local unas ventajas laborales de las que no disfrutaba el resto de la plantilla. En su comparecencia Puerto calificó la querella como una medida de presión y recordó que fue María José Villa la que, a través de un decreto, dio nulidad a las sanciones aunque algunos infractores ya las habían pagado para beneficiarse del 50% de descuento. En esos casos el propio Puerto admitió que quiso devolverles el importe cobrado cuando asumió la Alcaldía en junio de 2019. Pero al ser denunciado tres meses más tarde optó por no hacerlo para no complicar judicialmente el caso. Y, de momento, la Justicia le ha dado la razón.
