El alcalde de Aspe, Antonio Puerto García, y el exconcejal de Seguridad y actual responsable de Urbanismo, José Manuel García Payá, declararon ayer en el Juzgado de Instrucción Número 2 de Novelda en relación al caso de las multas anuladas de la zona azul. Los dos miembros de Izquierda Unida comparecieron por separado durante más de una hora en calidad de investigados por un supuesto delito de cohecho.
Tal y como este diario adelantó el pasado mes de enero, la Fiscalía remitió al juzgado la querella que siete agentes del sindicato SITAP interpusieron en septiembre de 2019 contra el actual alcalde, el exedil de Seguridad y el exjefe y un exinspector de la Policía Local. Denunciaron a los cuatro por la supuesta decisión de anular, de manera presuntamente arbitraria, 140 expedientes sancionadores abiertos en abril de 2018 contra los conductores que no habían respetado el tiempo máximo de la zona azul. Un sistema que el Ayuntamiento implantó en 2012 para controlar el estacionamiento de vehículos en las calles del centro urbano. Pero en este caso con el agravio comparativo de que algunas de las multas, cuyo importe ascendía a 20 euros, fueron eliminadas mientras otras se pagaron.
En su declaración de ayer Antonio Puerto recordó que cuando se produjeron los hechos no podía ni firmar ni quitar sanciones porque la Alcaldía estaba en manos de la socialista María José Villa. No fue hasta junio de 2019 cuando él pasó a ostentarla.
En su opinión el objetivo que perseguían los denunciantes era poner a la población en contra del equipo de gobierno de PSOE-IU. Algunos de esos agentes no habían interpuesto casi ninguna sanción en siete años, y en apenas un mes llegaron a formalizar hasta catorce. Puerto también explicó ayer a la jueza, según fuentes cercanas al caso, que nunca ha dado una orden a un policía para que incumpla con sus funciones en materia sancionadora, que ni él ni sus concejales se han beneficiado de esta situación, que la avalancha de multas se produjo durante el mes destinado únicamente a informar y asesorar a los conductores sobre el uso adecuado de la zona azul y que todo responde a un conflicto con parte de la Policía Local, representada por el SITAP, al haberle negado el gobierno local unas ventajas laborales de las que no disfrutaba el resto de la plantilla. En su comparecencia Puerto calificó la querella como una medida de presión y respondió tanto a las preguntas del abogado de la defensa como de la acusación. Señaló, entre otras cosas, que fue la alcaldesa socialista María José Villa la que, a través de un decreto y siguiendo las recomendaciones de la propia jefatura del Cuerpo Local, dio nulidad a las sanciones aunque algunos infractores ya las habían pagado para beneficiarse del 50% de descuento. En esos casos el propio Antonio Puerto admitió que quiso devolverles el importe cobrado por el Ayuntamiento cuando asumió la Alcaldía en junio de 2019. Aseguró a la jueza que lo consideraba justo y, de hecho, había llegado a consultarlo con sus concejales. Pero al ser denunciado tres meses más tarde optó por no hacerlo para no complicar judicialmente el caso.
Escraches en el pleno
El primero en prestar ayer declaración, sobre las nueve y media de la mañana, fue el concejal José Manuel García aunque se negó a responder a las preguntas de letrado de la acusación. En su comparecencia aportó un relato muy similar al del alcalde asegurando que el motivo que llevó a los agentes querellantes a poner multas, en lugar de realizar las tareas de información y asesoramiento encomendadas por la jefatura, fue para presionar al equipo de gobierno y boicotear la campaña de la zona azul. Un acto más de tensión porque, según recordó en su declaración de ayer el exconcejal de Seguridad, en ese tiempo algunos agentes profirieron insultos y burlas contra él y contra el alcalde y el concejal de Recursos Humanos e, incluso, llegaron a realizarles escraches en los plenos poniéndose caretas. Presiones que, según explicó en enero el alcalde Antonio Puerto, respondían a la negativa a atender la petición de dos de los denunciantes que, según reveló el primer edil, le solicitaron que le quitara la sanción a un compañero de la Policía Local por un incumplimiento en su trabajo. También indicó entonces el alcalde que estaba «deseoso» de acudir al juzgado para aclararlo todo. Sin embargo ayer, después de declarar, tanto él como el concejal salieron apresurados por la puerta de atrás del Palacio de Justicia de Novelda.
