Otro verano más sin agua del trasvase del Júcar-Vinalopó en la provincia. Y ya van dos consecutivos. El embalse La Cuesta de Villena tiene capacidad para albergar 620.000 metros cúbicos pero vuelve a estar vacío. El último caudal procedente del Azud de la Marquesa en Cullera, por tanto no óptimo para el consumo humano, llegó en 2018 y supuso un alivio para los cultivos en uno de los veranos más tórridos que se recuerdan en la cornisa Mediterránea. De los siete hectómetros cúbicos autorizados por el Ministerio de Medio Ambiente finalmente solo se consumieron cinco. Dato que contribuye a disipar las dudas de algunos colectivos en torno al uso racional del líquido elemento.
El agua es vital para los agricultores del Vinalopó, l'Alacantí y la Marina Baixa pero no pueden hacer frente el elevado precio que fija el Gobierno central. Sumido desde hace una década en una espiral de supervivencia, el campo alicantino no puede seguir cultivando sus áridas tierras para vender a pérdidas. Por eso la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l'Alacantí y la Marina Baixa lleva años reclamando un precio justo. Sobre la exigencia de recibir agua de calidad ya parecen haberse resignado los agricultores. Perder la inicial conexión del trasvase con la cabecera del Júcar, en Cortes de Pallás, marcó el destino de una obra que los agricultores del Vinalopó han estado esperando 600 años.
Para la entidad que preside el aspense Antonio Berenguer una cantidad razonable sería pagar por metro cúbico entre 0,19 y 0,26 céntimos. Un coste al que cada comunidad de regantes aplica un cargo adicional para hacer frente a los gastos de amortización, mantenimiento y gestión de su red de embalses y conducciones. En tal caso el precio puede alcanzar los 0,33 céntimos por metro cúbico y, a partir de ahí, ya es inasumible para los pequeños productores, que son la mayor parte de los demandantes del líquido elemento en la provincia. La disyuntiva es comprar el agua y arruinarse o arruinarse al tener que dejar que las frutas y hortalizas se sequen.
Han pasado muchos años y varios Gobiernos pero el problema sigue sobre la mesa. Voluntad política ha existido pero ha faltado firmeza y valentía para desbloquear una situación enquistada. De hecho, ha habido varios intentos por regular la situación mediante un convenio que, sin embargo, sigue acumulando polvo en los cajones ministeriales de Madrid. Todas las soluciones planteadas hasta la fecha para fijar quién y cuánto paga cada una de las partes se han chocado con los informes contrarios de los técnicos de la dirección general del Patrimonio del Estado. Se amparan para ello en la normativa europea vigente, dándole una interpretación que se aleja mucho de los laxos postulados aplicados en otros países de la UE. Entienden los altos funcionarios del Ministerio de Hacienda que el coste del trasvase del Júcar-Vinalopó -más de 500 millones de euros- tiene que repercutirse en los beneficiarios de la obra. Es decir, en los regantes, a través del precio que deben pagar por el agua. De ahí que se estén fijando unas cantidades inasumibles para los usuarios.
Un problema que, sin embargo, no se habría producido de haberse respetado el proyecto inicial que captaba los caudales desde el curso alto de la cuenca del Júcar. En ese caso el agua se habría destinado también para el consumo humano. De ese modo los ayuntamientos por los que atraviesan las conducciones de la margen derecha e izquierda del postrasvase habrían contribuido, con sus fondos, a paliar la amortización de la infraestructura para garantizarse una reserva de recursos hídricos de la que en estos momentos carecen.
Pero no es el único agravio. De los casi 50 trasvases que hay en España solo en el del Júcar-Vinalopó los usuarios están obligados a pagar la obra en unas condiciones especialmente gravosas. Y mientras tanto una actuación multimillonaria permanece infrautilizada, los cultivos se secan y los acuíferos del Vinalopó siguen sobreexplotados.
Este verano no llegará el agua del Júcar a la provincia por segundo año consecutivo. Afortunadamente las abundantes lluvias de la pasada primavera no llevarán a los agricultores a una situación agónica como la vivida en 2014 y 2015, cuando el Gobierno tuvo que enviar a la provincia los primeros caudales de socorro a través de un decreto de sequía que se ha ido prorrogando hasta 2018. Mientras tanto el precio del agua ha sido asequible por estar sujeto a subvención. Pero el grifo de las ayudas se cerró en 2019 y todo vuelve, de nuevo, al punto de partida.
