La autoridad judicial ha decidido prorrogar la prisión provisional, comunicada y sin fianza a la mujer acusada de haber estrangulado en Elda a un niño de ocho años. El pequeño permanecía al cuidado de su pareja sentimental, en régimen de acogida permanente, y los hechos se produjeron en la noche del 30 de agosto de 2017 en el céntrico piso de Elda donde residía la pareja.
Será el primer caso en la provincia de Alicante en el que se pide prisión permanente revisable y se juzgará en la Audiencia de Alicante, por el procedimiento del jurado popular, entre los días 8 y 15 de junio. Sin embargo, el periodo máximo de dos años de prisión preventiva finalizaba el próximo mes de mayo, por lo que la acusada hubiera tenido que ser puesta en libertad unos días antes de la vista. Para evitarlo la jueza ha emitido un auto, tras una vista mantenida en Alicante con el fiscal y los abogados de la defensa y la acusación particular, por el que ha decidido prorrogar la prisión preventiva.
Alejandra G.P. fue detenida por la Policía Nacional el 31 de mayo de 2018 y tanto la Fiscalía como la acusación particular mantenido desde el primer momento la acusación de simulación de delito y asesinato con alevosía cometido contra una víctima de especial vulnerabilidad, lo que comporta pena de prisión permanente revisable. El pasado 4 de julio de 2019 la presa preventiva salió por vez primera de la cárcel para comparecer en el Juzgado de Instrucción. Fue entonces cuando se le informó de la apertura del procedimiento al amparo de la Ley del Jurado.
Tribunal popular
El crimen se juzgará con un tribunal popular compuesto por ciudadanos escogidos por sorteo, que estará presidido por la magistrada Virtudes López, de la Sección Primera de la Audiencia.
Se trata de la primera causa de la provincia de Alicante en la que la Fiscalía solicita inicialmente la pena de prisión permanente revisable para la acusada, tras evaluar la gravedad de los hechos.
En su escrito de calificación, el ministerio público relata que la acusada, que padece una disminución de la capacidad auditiva, aprovechó que el padre de acogida del menor se había ausentado del domicilio para coger al niño del cuello con la camiseta que portaba hasta llegar a asfixiarlo.
Después, trató de ocultar su autoría simulando un asalto al domicilio con intención de perpetrar un robo. Así, llegó a cortarse la camiseta y el sujetador que portaba para que pareciese que habían intentado abusar de ella y también despojó al niño, ya fallecido, de parte de su ropa, con la misma intención.
Dos motoristas con cascos y guantes
De acuerdo con la fiscalía, la acusada llegó a golpearse con una piedra y hasta se ató las manos con una cuerda para, acto seguido, llamar a su propia madre por teléfono y contarle que la habían atacado.
Cuando llegaron el padre de acogida del menor y la policía, la acusada relató que dos hombres vestidos de motoristas que portaban cascos y guantes, la habían atacado a ella y al menor cuando trataban de salir de casa y que les habían forzado a regresar para abusar de ella.
Sin embargo, según esa versión, se apiadaron de ella al indicarles que estaba embarazada y la dejaron inconsciente tras asestarle un golpe en la cabeza mientras que cuando despertó encontró al niño.
No obstante, el escrito de calificación de la fiscalía no da crédito a ese relato y subraya que la policía, tras una compleja investigación de un año, consiguió determinar que ella misma había perpetrado el crimen y que lo había preparado en los días previos.
Para ello, según los investigadores, había colocado unos papeles en la puerta del domicilio que contenían diferentes símbolos con la intención de crear la apariencia de que les estaban vigilando y, así, poder dar una explicación sobre los hechos.
En esta línea, el acusador público considera a la acusada responsable de un delito de asesinato y otro de simulación del delito. Al margen de la pena de prisión permanente revisable, pide que indemnice a los dos padres de acogida del menor asesinado con el pago de 5.000 euros cada uno en concepto de daños morales.
