El equipo de gobierno de Elda anunció en el anterior mandato que había puesto fin a uno de los problemas urbanísticos más graves de la ciudad. Fue en diciembre de 2018 cuando la Junta Local de Gobierno aprobó la legalización de las 118 viviendas de La Jaud sobre las que pesaba, desde hacía dos décadas, una sentencia judicial de demolición.
Sin embargo, semanas después, una decena de propietarios decidió emprender acciones judiciales para impugnar el acuerdo alcanzado por el Ayuntamiento. Con tal fin se presentó un recurso contencioso-administrativo contra todos los planes urbanísticos del PERI Puente Nuevo que se siguieron para desarrollar este distrito urbano situado entre la avenida del Mediterráneo y la Ronda Sur. Pues bien, ese recurso acaba de ser desestimado por el juez que ha estudiado el caso. En la sentencia se advierte a los recurrentes, entre otras cosas, que la gestión y ordenación del territorio corresponde a la Administración -en este caso la local- y destaca asimismo la voluntad del Ayuntamiento y de la mayoría de los propietarios afectados por encontrar una solución consensuada a un conflicto urbanístico histórico.
En cualquier caso, contra esta resolución judicial todavía cabe recurso. Pero la última palabra la tiene el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. El TSJ será, en última instancia, el que decida si otorga carácter legal a la urbanización de La Jaud y paraliza la sentencia de derribo. El actual equipo de gobierno socialista de Elda sigue esperando el dictamen definitivo y no descarta aportar al proceso esta última sentencia que da validez al acuerdo.
Cabe recordar al respecto que la concejalía de Urbanismo siguió, durante el pasado mandato, todas las instrucciones dadas por el alto tribunal para no demoler las viviendas y lograr su legalización. De hecho, el objetivo del anterior equipo de gobierno de PSOE-Compromís era liberar definitivamente a los afectados de «las preocupaciones, la inseguridad y la injusticia que han tenido que soportar por la mala gestión de terceros imprudentes que les dejaron con un gravísimo problema en el que no habían participado. Pero por fin sus viviendas han sido salvadas y ahora se dará traslado al TSJ para que ratifique los trámites de su normalización», indicó en diciembre de 2018 la entonces concejala de Urbanismo, Pilar Calpena, quien también indicó que «podrán existir casos de descontento con las soluciones urbanísticas adoptadas en este litigio y, como no puede ser de otra forma, los propietarios que se encuentren en esta situación tienen todo el derecho en acudir a los tribunales para defender sus intereses», aunque también matizó que «creo que ya no es momento de pedir que se derribe la casa de ningún vecino como medio de conseguir algún reconocimiento». Un mensaje que, sin embargo, no surtió el efecto deseado. Y ello a pesar de que muchas de las reivindicaciones de los vecinos fueron aceptadas.
Negociaciones
El nuevo ordenamiento, que se aprobó en marzo de 2018, se presentó al pleno tras numerosas reuniones entre los propietarios y el Ayuntamiento. Fue una tarea ardua, que se prolongó durante tres años y medio, y se basó en un proceso de participación pública que no estuvo exento de unas negociaciones dificultosas.
En el Plan de Reforma Interior (PRI) de La Jaud se contemplan 322.000 metros cuadrados de superficie y se establece un suelo dotacional con carácter educativo, así como 15.000 metros cuadrados dedicados a zonas verdes. Además, el plan determina unos criterios de sostenibilidad como la adopción de medidas bioclimáticas para la urbanización o la implantación de sistemas eficientes de riego, entre otros.
El PRI de esta área urbana de entrada a Elda es un problema endémico, que se ha ido agravando desde 1995 cuando se otorgaron las primeras licencias de obra y la reparcelación de la zona. Un trámite que enfrentó a los vecinos y éstos, a su vez, con el Ayuntamiento. En el proceso entraron en liza los tribunales y uno tras otro fueron descartando las posibles soluciones que se han dado a este conflicto urbanístico. Ninguna de ellas, hasta el momento, ha gozado del beneplácito de todas las partes. Y, de hecho, tanto el TSJ como el Tribunal Supremo han descartado, hasta el momento, todas las medidas propuestas.
