El alcalde de Aspe, Antonio Puerto, de IU, aseguró ayer que en la primavera de 2018 «no era alcalde, ni podía firmar, ni quitar multas», en relación al decreto denunciado por el sindicato SITAP por el que, supuestamente, se anularon varias multas de la Zona Azul.
Tal y como este diario adelantó el jueves, la Fiscalía remitió en septiembre al Juzgado de Novelda la denuncia contra el actual alcalde, el exconcejal de Seguridad Ciudadana y dos funcionarios al considerar que hay indicios suficientes de una posible prevaricación. Sin embargo Antonio Puerto ha negado los hechos afirmando que: «Ni se me pasa por la cabeza decirle a un funcionario que no cumpla sus obligaciones». Asimismo ha indicado que la denuncia es una «vendetta» de los agentes después de que en julio se negara «a atender la petición de dos de los denunciantes» que se presentaron en su despacho y le solicitaron «que le quitara una sanción a un compañero de la Policía Local por incumplimiento en su trabajo». Afirma el alcalde que tan solo van buscando un «desgaste político y personal» contra él y contra el concejal José Manuel García. Antonio Puerto, que entonces era concejal de Comercio, también ha indicado que el decreto fue firmado por la alcaldesa socialista, María José Villa, y el procedimiento fue realizado «cumpliendo con la normativa y con las pertinentes justificaciones». Tanto él como el concejal declararán como investigados el próximo mes de febrero y ambos están «deseosos» de acudir al juzgado «para que se pueda ver quién sí pudo omitir alguna sanción, o por qué hubo periodos en los que no se emitieron sanciones», apuntan.
