Petrer es el municipio con menos delincuencia de la provincia y el segundo de la Comunidad Valenciana entre las ciudades mayores de 30.000 habitantes, según los datos ofrecidos esta semana por el Ministerio del Interior, y el Ayuntamiento quiere mantener su liderazgo en materia de seguridad ciudadana con la instalación de 16 cámaras de videovigilancia. La medida ha sido solicitada formalmente a la Delegación del Gobierno en València y se está a la espera de su inminente autorización.
Cada cámara de vigilancia tiene un precio de 500 euros más IVA, sin contar el montaje, se centralizarán en la sede de la Policía Local para ser supervisadas por los agentes y se instalarán en los parques El Campet y 9 d'Octubre así como el cementerio municipal y las ermitas de San Bonifacio y el Santísimo Cristo de la Sangre del Monte Calvario. El objetivo es evitar los comportamientos incívicos, robos y actos vandálicos que se vienen sucediendo en estos espacios públicos desde hace años. En el camposanto, por ejemplo, son bastante frecuente los robos en nichos y panteones de adornos y elementos metálicos que lleven cobre para venderlos en el mercado negro. También el año pasado, en abril, profanaron una tumba y extrajeron el cadáver de un hombre de etnia gitana que falleció cinco años atrás y fue enterrado con numerosas joyas de oro.
En la zona de las ermitas se han producido diversos episodios de lanzamiento de piedras y botellas a viviendas y en el parque de El Campet se han llegado a detectar, en las noches de verano, a grupos de jóvenes bañándose en el estanque y causando destrozos en el interior. Pero la situación todavía es más grave en el parque 9 d'Octubre. Pandillas juveniles han realizado grafitis, prendido fuego al arbolado, consumido drogas cerca de la zona de juegos infantiles e incluso han mantenido enfrentamientos con los conserjes. No es lo único. También se ha sorprendido a adolescentes tratando de pescar en el estanque o arrojando tortugas u otras mascotas anfibias que ya no querían tener en casa.
Ubicación y características
Las 16 nuevas cámaras robotizadas destinadas a la vigilancia de espacios públicos se complementarán con las 16 que ya realizan funciones de control del tráfico en el casco urbano. Las primeras nueve se instalaron en febrero de 2018 en los cruces de las avenidas de Madrid-Elda y avenida de Salinetas-autovía A-31 así como en las rotondas de las avenidas Guirney con Maestro Albéniz; Madrid con Reina Sofía; Salinetas con San Francisco de Asís; Penya del Sol con Costa de València; Reina Sofía con Bassa Perico; Felipe V con La Mancha así como Presbítero Conrado Poveda con Alcaide Juan Payá. Esa primera red de videovigilancia viaria se complementó en diciembre de 2018 con otras tres cámaras en el polígono industrial Les Pedreres, y las cuatro que se colocaron el pasado noviembre en el polígono industrial de Salinetas.
Todas las cámaras disponen de visión nocturna, se pueden dirigir y enfocar por control remoto, las imágenes se trasmiten por wifi y no necesitan batería. «Sabemos que es una medida disuasoria que contribuye a mejorar la seguridad ciudadana», señalaba ayer el concejal de Policía Local, Pablo Lizán, afirmando que «Petrer es un municipio muy seguro y desde el actual equipo de gobierno vamos a seguir trabajando por mantener la tranquilidad y la calidad de vida de los vecinos». No descarta, en tal sentido, que más adelante la red de viodeovigilancia se amplíe a otras zonas problemáticas del casco urbano.
Cabe precisar que las cámaras para la supervisión del tráfico tienen por único cometido el control de los atascos y la siniestralidad, y no requieren de ningún permiso gubernativo con carácter previo. Los ayuntamientos pueden hacer uso de ellas cuando lo estimen oportuno con el único requisito de informar a la Delegación del Gobierno de su ubicación. Sin embargo los dispositivos para la vigilancia de espacios públicos sí deben contar con una autorización expresa y cumplir las exigencias que establece la normativa vigente en materia de protección de datos. Algunas de esas medidas incluyen la prohibición de grabar audios, deben estar centralizadas y monitorizadas en las sedes policiales, hay que destruir las imágenes de forma periódica y la jefatura es la única que puede hacer uso de los archivos.
